El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
El
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere prorrogar el papel clave del
sector sanitario a la hora de notificar los accidentes sufridos por el uso de cualquier producto considerado “peligroso”. En su proyecto de Real Decreto para reforzar la “seguridad general” de los productos y de los consumidores, el departamento de
Pablo Bustinduy establece las bases de un “sistema estatal de comunicación de accidentes” que “se canalizará a través de los hospitales y centros de
Atención Primaria” del ámbito público, y también por medio de la Dirección General competente en materia de Consumo de la Administración General del Estado (
AGE). La norma también llama a que la sanidad privada se integre en ese mecanismo.
En el proyecto normativo, sometido a audiencia pública desde este jueves y hasta el 9 de abril, se recuerda que el marco legal europeo ya “confiere importancia a la obligación de notificar accidentes tanto por parte de los operadores económicos como de los prestadores de mercados en línea”. En un Reglamento de 2023 ya se establece “un mecanismo novedoso” para que los consumidores puedan comunicar a la
Comisión Europea casos “sobre productos peligrosos y accidentes”. Sin embargo, se advierte de que, “con el ánimo de complementar estos requisitos exigidos por el reglamento, resulta pertinente que, a escala nacional, se cuente con un mecanismo que también permita a los
profesionales sanitarios informar sobre accidentes producidos por productos de consumo”.
Es parte de lo que se hace en el proyecto de Real Decreto: “Se prolonga la vigencia de la herramienta propuesta en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, por la que se crea un
sistema estatal de comunicación de accidentes, como un instrumento de prevención que permita la detección de los productos inseguros o potencialmente inseguros, así como la existencia de una información necesaria a la hora de analizar un riesgo”.
"Difusión" del sistema para comunicar accidentes
En el texto se destaca que la herramienta, diseñada “para que los
profesionales del ámbito sanitario puedan notificar los casos en materia de
seguridad de productos”, ya está en vigor, pero llama a fomentar “la difusión” del mecanismo y su uso por parte de las
entidades sanitarias, tanto públicas como privadas.
En definitiva, el sistema estatal de comunicación de accidentes se concibe como “un instrumento de prevención que permita la detección de los productos peligrosos o potencialmente peligrosos”. A ello se suma el suministro de “la información necesaria a fin de analizar los riesgos que entrañan dichos productos”. A pesar de la función clave del
sector sanitario a la hora de canalizar esa información, será la Dirección General competente en Consumo de la AGE la que dirija la herramienta.
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