Fachada del Ministerio de Sanidad.
El
Gobierno de España ha tenido que aplazar la implementación de las medidas clave del
Plan Nacional contra el Radón hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año
2025. En una respuesta parlamentaria, argumentan que será en los nuevos presupuestos en los que se incorporarán “
nuevas consignaciones y dotaciones económicas”. Por tanto, la prórroga de los actuales afectará directamente a la adopción de las acciones contra este gas, directamente relacionado con el
cáncer de pulmón y que buscan reducir la exposición al mismo en recintos cerrados.
Esta información ha sido publicada por el
Ejecutivo en respuesta a una consulta del
Grupo Popular, en la que solicitaban información sobre la dotación presupuestaria “específica y suficiente” que permitiese garantizar “la correcta implementación de las
medidas contempladas en el Plan Nacional de Radón”, aprobado por el Consejo de Ministros el
nueve de enero de este mismo año.
Se trata de Plan cuyo objetivo principal disminuir el
riesgo asociado a la exposición a este gas incoloro, pero que tardará al menos un año en ver la luz a causa de la prórroga de los PGE del ejercicio de 2023. Entre otras medidas, este plan contempla acciones fundamentales en áreas como la
comunicación y
concienciación pública sobre los
riesgos del radón.
Por supuesto, esta iniciativa también recoge medidas para evaluar la
exposición de la población y reducir la concentración de este gas en los edificios. El motivo de la promoción de este tipo de iniciativas tiene que ver con que el radón está reconocido como un
agente carcinógeno humano de categoría 1. Esto, asociado al hecho de que un número significativo de edificios presenta
concentraciones elevadas de este gas, hace que la exposición al radón se considere como un problema para la salud pública
Exposición de la población al Radón
Uno de los puntos prioritarios que presenta este plan es el de estudiar la magnitud del problema que presenta la
exposición de la ciudadanía al radón, con el fin de identificar y solventar las carencias o dificultades para la aplicación de controles o
soluciones efectivas. Por este motivo, el primer paso que se prevé parte de la evaluación de la exposición de la población a esta sustancia.
Estos datos permitirán estimar la incidencia de este gas sobre la salud de la población, al mismo tiempo que la fiabilidad y la calidad de las determinaciones de
concentración de radón o sus dosis. Como bien se ha explicado, además, el plan se centrará en reducir la misma dentro de
espacios cerrados.
Lo hará con
cinco acciones, que se enfocan en
monitorizar y fomentar el cumplimiento de la legislación para el interior de los edificios; impulsar programas de
formación para los distintos agentes que intervienen en la edificación; poner en marcha programas de
intervención en edificios existentes; analizar la afección en función de las
tipologías arquitectónicas (en relación con la edificación existente); y diseñar e impulsar instrumentos de
apoyo a nivel autonómico y municipal.
¿Llega tarde el Plan contra el Radón?
La
Unión Europea ya aprobó una
iniciativa para poner cerco al radón hace más de nueve años. Además, ya han pasado más de cinco años desde que se venció el
límite para trasponer esta normativa a España. Este retraso le supondrá al país el pago de cuantías económicas que se ven atrasadas, además, con la prolongación de esta aplicación hasta los PGE del año que viene.
El gobierno de España consultó a la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) para avanzar en el
borrador de este plan en el año
2018, aunque esto no se llegó a hacer hasta 2022, cuando se presentó la
primera versión de la norma por parte del Consejo de Estado. La
directiva de la UE ya incluía la obligación de la elaboración de un plan nacional y un código técnico de edificación.
Estas pautas se han visto plasmadas en el documento publicado por el
Ministerio de Sanidad, que da también una gran importancia a reducir las exposiciones ocupacionales al radón y a garantizar la implantación del nivel de referencia y el cumplimiento del límite de dosis para personas trabajadoras expuestas.
Este objetivo busca cumplir con la
monitorización y el fomento del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable a los
lugares de trabajo. Por último, el Plan partirá de una
metodología que sea fácil de aplicar en las zonas más afectadas e incorporará el trabajo realizado por las
comunidades autónomas en protección frente al radón.
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