La Agencia de Salud Pública salva la primera 'criba' del Congreso

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen sobre el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública con los únicos votos en contra de los tres parlamentarios de Vox, que ha vuelto a trasladar su rechazo al texto al considerar que no facilita una buena coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. La sesión de este jueves, de hecho, ha girado en torno a la posible invasión competencial de este órgano de nueva cuño, al que aún le queda superar la ‘criba’ del pleno el jueves de la próxima semana, según lo previsto. La Comisión ha rechazado el grueso de las enmiendas individuales presentadas, incluida la reserva estratégica propuesta por el Partido Popular (PP).

El resultado de la votación ha sido un reflejo de la voluntad general de consenso manifestada por los principales grupos políticos en las últimas semanas en torno a la futura Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública. No en vano, más allá del respaldo al dictamen del proyecto normativo, destaca el hecho de que el principal partido de la oposición, el PP, ha acabado retirando la gran mayoría de las enmiendas ‘individuales’ que habían quedado ‘vivas’ tras la Comisión ad hoc de finales de febrero.

Sólo se ha votado una enmienda con sello específico popular, en la que se pedía la colaboración activa de la Agencia “con los laboratorios farmacéuticos y las empresas de distribución” en pos del “acceso equitativo y seguro de los ciudadanos a los medicamentos y productos sanitarios esenciales y necesarios para hacer frente a futuras crisis y emergencias sanitarias”.

Horas antes de la Comisión se seguía negociando un acuerdo para transaccionar la enmienda, pero, finalmente, las conversaciones han quedado en agua de borrajas y los grupos han denegado su inclusión en el dictamen del proyecto de ley, por lo que, salvo sorpresa, el PP volverá a defender su propuesta en el pleno del próximo jueves. Las fuentes consultadas indican que ERC también llevará a la sesión plenaria su enmienda, rechazada por la Comisión, para pedir más psicólogos en “centros no sanitarios” por las “consecuencias” en salud mental “que ha supuesto la pandemia de covid-19”.

Más claridad en las competencias territoriales en salud pública

Lo que sí contiene la propuesta legislativa que se votará la semana que viene en el hemiciclo son las 12 enmiendas transaccionales acordadas por prácticamente todos los grupos parlamentarios previamente y ratificadas este jueves. La mayoría se centra en cuestiones competenciales, que era una de las exigencias de Junts y PNV desde el principio. De hecho, ambos partidos presentaron en su momento sendas enmiendas a la totalidad en ese sentido, aunque posteriormente las retiraron.

Entre las novedades aportadas por esas enmiendas se halla el abordaje “holístico y transdisciplinar de los problemas de salud y sus determinantes” bajo el principio de “Una sola salud” y “Salud en todas las políticas”, “sin perjuicio de las competencias asignadas a los departamentos con competencias en materia de salud animal, salud vegetal, seguridad alimentaria y protección ambiental y a otras Administraciones públicas”.

La Agencia, según se plantea, hará seguimiento y evaluación de los riesgos para la salud “en colaboración con las Administraciones públicas implicadas”, y también habrá de “establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con el Sistema de Seguridad Nacional, de acuerdo con las directrices impartidas al respecto por el Consejo de Seguridad Nacional”.

En ese sentido, se indica que el futuro órgano estatal de salud pública “ejercerá sus funciones en concurrencia con las de las demás administraciones y organismos competentes en materia de salud pública, con los que actuará colaborativamente y conforme a la legislación que sea de aplicación en cada caso”.

La exposición de motivos del proyecto normativo se ha enriquecido ampliamente en el aspecto competencial: “Esta Ley desarrolla más extensamente las competencias del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas en materia de salud pública, de conformidad con lo establecido en la Constitución Española y en los Estatutos de Autonomía”, reza una de las frases añadidas en el informe de ponencia. Al respecto, se especifica que las regiones “tienen atribuidas competencias en materia de salud pública y, en el ejercicio de su facultad para organizar las instituciones de autogobierno, disponen de sus propios organismos públicos y organizan internamente los recursos y los instrumentos de gestión en materia de salud pública”.

“Dado el carácter de materia compartida, la salud pública requiere la necesaria colaboración, comunicación y acuerdos entre las distintas Administraciones”, se agrega. De hecho, entre otras cosas, se propone que la información a suministrar por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la Agencia -incluidos datos de la sanidad privada, como querían desde un principio PSOE y Sumar- sea acordada previamente por el Consejo Interterritorial, que también “establecerá los instrumentos que garanticen la interoperabilidad y coherencia de estos planes y los mecanismos de intercambio de información”.

Por otro lado, los partidos han acordado que el Consejo Rector de la Agencia cuente con representantes de las comunidades autónomas a propuesta del Consejo Interterritorial. También se especifica que, de cara a reducir las inequidades en salud, se tendrán en cuenta “las lenguas oficiales de las comunidades autónomas”.

Determinantes sociales de la salud

Otro de los acuerdos clave se basa en dar protagonismo a los determinantes sociales de la salud como “principio irrenunciable en salud pública y en sus diferentes principios de actuación” de cara a garantizar “el principio de equidad y la disminución de las desigualdades en salud”. Ello supone “realizar funciones integradas de vigilancia, protección, promoción, prevención y acción comunitaria desde la mayor evidencia y conocimiento científico disponibles”, teniendo en cuenta también “la interdependencia entre la salud humana, la salud animal y ambiental”.

“La salud de las personas no sólo depende de los cuidados que reciben a través del sistema sanitario, sino que está también claramente influenciada por diferentes factores y contextos sociales, económicos, laborales, ambientales, culturales, geográficos y educativos. Estos factores o determinantes sociales de la salud han de ser comprendidos desde un punto de vista individual, pero sobre todo desde un punto de vista colectivo”, reza la propuesta normativa.

Cabe resaltar que en el informe de la ponencia ya quedaron incorporadas otras dos enmiendas al margen de las transaccionales, una del PSOE y Sumar para añadir una disposición final sobre restricciones en la publicidad de actividades de juego, y otra de Junts y PNV que recogía una mejora técnica sobre la inclusión de la zoonosis y las enfermedades emergentes en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, previa reforma.

Invasión competencial, financiación y promoción de la salud

Buena parte del debate que ha tenido lugar en la Cámara Baja este jueves se ha centrado en el impacto que la Agencia tendrá sobre las competencias de las comunidades autónomas. Si bien PNV y EH Bildu se han reservado su posición para el pleno, sí han abordado este factor Pilar Calvo (Junts) y Efna Estrems (ERC): “Cuando hablamos de salud pública, recordad que Cataluña tiene sus propias normativas -ha recalcado la primera-. Y desde 2019 tiene su propia agencia”. En este sentido, ha apuntado que su grupo dará “soporte” al proyecto de Ley, pero que estará “atento al aspecto competencial”. Por otro lado, ERC ha puesto en valor los avances en materias como el reconocimiento de la innovación incremental en el ámbito farmacéutico, algo que reciben “como una victoria”.

“La salud pública es una competencia compartida, y por eso cada organismo tiene que sumar”, ha respondido la dirigente del PP Maribel Sánchez. Lo esencial, ha incidido, es que esté regida “por expertos” independientes en la materia y que cuente con la suficiente financiación.

David García (Vox), por su parte, ha denunciando que “los separatistas quieran imponer sus intenciones” en la futura Agencia Estatal de Salud Pública. En este sentido, ha señalado que “no puede haber una respuesta coordinada y rápida si hay que llamar a 17 comunidades autónomas. “¿Para qué funciona esta Ley? ¿Qué vamos a coordinar? Los intereses de los españoles tienen que estar por encima de nosotros”, ha concluido.

Desde Sumar, Alda Recas ha celebrado que el Ministerio de Mónica García y Javier Padilla hayan “sabido hacer suya” una iniciativa que parte de la anterior legislatura, y ha hecho hincapié en la necesidad de “identificar los riesgos de manera conjunta” a nivel nacional.

En esta línea, Alba Soldevilla (PSOE) ha subrayado que la Agencia “no solo quiere responder a las crisis” futuras de salud pública, “sino fomentar la promoción de la sanidad y la igualdad”, así como “modernizar el sistema de vigilancia epidemiológica”. “Hoy damos un paso más y lo hacemos con consenso político, porque todas las formaciones, salvo una, entendemos esa necesidad”.