Hacienda impulsará una financiación sanitaria más estratificada en crónicos

Que hace falta reajustar el modelo de financiación autonómico para mejorar su eficiencia y equidad es un posicionamiento compartido por Gobierno y oposición. Que el énfasis hay que ponerlo en la sanidad, también. En efecto, tanto el Ministerio de Hacienda como el Partido Popular defienden abiertamente una reforma que ponga el foco sobre la distribución de las partidas asociadas a la salud, pero las distancias ideológicas, incrementadas por el actual clima de crispación política, difuminan cualquier posibilidad de acuerdo. Por el momento, fuentes gubernamentales se reafirman en la idea de priorizar los criterios sociales a los poblacionales, de forma que la sanidad disponga de una mayor jerarquía. Y una de las claves será la estratificación por edades de las poblaciones, de forma que se puedan valorar, entre otros factores, la cronicidad de las enfermedades. “Queremos que el modelo sea mucho más preciso”, apuntan.

Desde el departamento que dirige María Jesús Montero deslizan a Redacción Médica que la propuesta que defenderán en el Congreso y ante las comunidades autónomas no se alejará demasiado del proyecto de población ajustada que elaboraron hace dos años y que “ya incluía un examen exhaustivo de múltiples variables que se podrían tener en cuenta”. Entre ellas, la relativa a la sanidad.

“El Ministerio de Hacienda analizó empíricamente la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se habían analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, así como en otros servicios autonómicos”, apuntan.

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"El peso del gasto sanitario debe ser mayor. Queremos que el modelo sea mucho más preciso", defienden desde Hacienda

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En concreto, el gabinete de Montero aboga por aumentar la estratificación de la población por edades (pasando de 7 a 20 tramos), de forma que se pueda mejorar la precisión del “coste real sanitario”. Asimismo, se pretende abanderar una actualización de los coeficientes aplicables “mejorando los datos y las fuentes de información”. De esta forma, el Gobierno podría tener un mayor control, a la hora de planificar el gasto, sobre factores como la cronicidad de la población (al considerar de forma más estrecha la población de riesgo). 

"Trampas" financieras entre comunidades

El debate sobre la reforma de la financiación autonómica se prevé tosco por el clima de tensión que impera en el Congreso de los Diputados, alimentado en parte por la polémica Ley de Amnistía que resuena aún con fuerza en la Cámara. El PP, una de las formaciones más críticas respecto a las medidas de gracia en favor de los presos catalanes, no duda en hablar de ‘tratos de favor’ hacia los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y advierte de que esta situación puede trasladarse a la negociación relativa a la financiación de las regiones.

“Cuando se acuerdan temas financieros con comunidades concretas es difícil que el resto de se vean en igualdad de condiciones. Puede repercutir en las aportaciones que en materia sanitaria”, inciden a este respecto fuentes de la formación conservadora que emplazan al Gobierno a “escuchar” a las comunidades para proponer un modelo de financiación “más equitativo y suficiente” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Recientemente, de hecho, los populares reclamaron públicamente al Gobierno la celebración de una Conferencia de Presidentes que aborde el incremento de al menos 16.000 millones de euros extra para sanidad, educación y políticas sociales sin “trampas” entre regiones (por ejemplo, con la condonación de la deuda a Cataluña). “A partir de ahí habría que entrar al trabajo de cuáles son las distintas variables”, apuntó recientemente su vicesecretario de Política Económica, Juan Bravo.

Más de una década sin reformar la financiación

La delicada reforma de la financiación autonómica regresa a la primera línea política tras permanecer años ‘en el cajón’. De hecho, el sistema, que regula la aportación económica del Estado a las comunidades (con entregas a cuenta y la liquidación por las competencias transferidas), lleva sin reformarse desde 2009 pese a los intentos que se han sucedido durante esta década. La crisis económica y la inestabilidad política (entre ellas, la provocada por el proceso soberanista catalán) han lastrado cualquier opción de entendimiento.