España podrá deportar personas si representan una amenaza de salud pública

Una reforma legal habilitará a España a deportar a ciudadanos de otros países si se considera que representan una amenaza para la salud pública. El Congreso de los Diputados ha aprobado un proyecto de ley para adaptar el marco legislativo nacional a la Unión Europea, en el que se ha incorporado un nuevo artículo que refuerza la capacidad del Estado para activar estos procedimientos si se cumplen diferentes criterios.

Además del potencial impacto que pueda acarrear en términos sanitarios, la norma también permitirá poner fin a le presencia de un ciudadano de otro país por motivos de orden público, seguridad pública o seguridad nacional. “Se revocarán, denegarán o no renovarán las autorizaciones de residencia y los visados previstos en esta sección cuando la persona extranjera interesada pueda representar una amenaza”, reza el nuevo apéndice del articulado.

El proyecto de ley ha delegado la responsabilidad de valorar estas deportaciones sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CENI) y el Departamento de Seguridad Nacional, que deberán acreditarlo con base a un informe policial. Sin embargo, en el texto no se ha incorporado ninguna referencia a que las autoridades sanitarias deban evaluar la amenaza para la salud pública que puede representar la continuidad del implicado en el país.

Este cambio legislativo se ha incorporado en un proyecto de ley que tiene como objetivo trasponer varias directivas de la Unión Europea sobre la accesibilidad de productos y servicios, la migración de personas altamente cualificadas, la tributación o la ley que actualmente rige la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. El texto se ha acordado directamente en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, a la que se le ha dado competencias “plenas” para acometer los cambios.

El nuevo marco legal para la revisión de los permisos de residencia llegará después de la experiencia adquirida con la pandemia de Covid-19 en la que ya se plantearon medidas excepcionales de control sanitario fronterizo para regular la entrada y salida de personas de los límites nacionales, la creación de listas con países con los que se suspendieron las conexiones por motivos de salud pública o la petición de pruebas PCR o documentos acreditativos de las vacunaciones.

Los antecedentes judiciales de las deportaciones en Europa

Las deportaciones vinculadas por motivos de salud ya han despertado algún conflicto judicial en el seno del viejo continente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya impidió a Países Bajos devolver a un ciudadano ruso a su país de origen porque en ese momento estaba recibiendo un tratamiento de cannabis medicinal con fines analgésicos que no estaba disponible en su país, lo que incorporó el factor de la salud en la decisión. Así se fijó ya una postura sobre la interpretación de la Directiva 2008/115 relativa a las normas y procedimientos por las que los estados miembros pueden proceder al retorno de ciudadanos a terceros países.

Más allá del asunto de los traslados entre países por salud pública, la nueva norma que ha aprobado el Congreso también aborda otros aspectos relacionados con la sanidad, como el de regular por ley que el acceso a cualquier instalación sanitaria deberá estar optimizado para que pueda ingresar de manera “autónoma” cualquier persona con discapacidad.