El Senado retoma la objeción de conciencia con blindaje asistencial médico

Vuelve al Senado el debate sobre la objeción de conciencia sanitaria frente al aborto y la eutanasia apenas días después de que la Cámara tumbara una propuesta del PSOE para garantizar la seguridad y la equidad en la interrupción del embarazo. En esta ocasión suscribe la iniciativa Vox, que, por el contrario, pondrá el foco sobre la necesidad de blindar los derechos de médicos, enfermeros, técnicos auxiliares y demás profesionales de salud que no quieran participar en estas prácticas. El grupo de Santiago Abascal exige, en este sentido, una Ley que prohíba la “obligación” de inscribirse en registros de objetores, así como a asegurar que estos trabajadores no sean “privados de la posibilidad de continuar su labor de asistencia” con sus pacientes ni de formar parte “de instituciones sanitarias y de comisiones y comités de los centros asistenciales”.

En la moción que va a presentar en la Cámara Alta, firmada por Fernando Carbonell, su portavoz en la Comisión de Sanidad, Vox alega que la objeción de conciencia es un “concepto de innegables raíces filosóficas y consecuencias jurídico-políticas” que cobra “su máximo sentido” ante una “norma injusta” como, entiende, son las leyes españolas del aborto y la eutanasia. Se trata, añade, de una regulación que “afecta a las creencias morales o religiosas” y por tanto a la “conciencia individual”.

En materia sanitaria, destaca que “a pesar de que existe una enunciación genérica del derecho a la objeción de conciencia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ratificada por España a través de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio”, no existen en el ordenamiento nacional “una norma que regule con carácter general el ejercicio de este derecho”. “Únicamente contamos con textos legales que se aplican a supuestos materiales concretos”, añade Vox, que defiende que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional “no es concluyente” y que existe una cierta “contradicción” en la doctrina.

“No es admisible que una norma que regula o garantiza un derecho lo haga obligando a otros a poner fin a la vida de una persona -insisten los conservadores-. En el momento en que esto ocurre no cabe sino reconocer que, principalmente en virtud de sus convicciones personales (ideológicas, morales, religiosas, etc.), pero también en atención a las leyes que rigen la profesión sanitaria y constituyen para ella fuente de obligaciones, pueda el sanitario objetar en conciencia de realizar ese acto, sin que de ello se deriven consecuencias negativas para el objetor”.

Medidas para el blindaje del derecho a la objeción

En este sentido, exige una Ley orgánica de objeción de conciencia sanitaria “en tanto no sean derogadas todas las leyes contrarias al derecho a la vida”. Esta, continúa, será aplicable en todo centro de salud, independiente de que sea público o privado, y “no obligará a ningún profesional a inscribirse en un registro como ‘conditio sine qua non’ para el ejercicio de su derecho”.

“Arbitrará un mecanismo para garantizar la libertad de dicho ejercicio que asegure, en particular, la igualdad en el plano personal laboral y la protección de los datos personales de los objetores”, añade la moción, a la que ha tenido acceso Redacción Médica, que reclama también que se asegure que el sanitario que objete “no sea privado de la posibilidad de continuar su labor de asistencia a todos sus pacientes, sino que pueda formar parte del proceso clínico-asistencial de estos hasta el final”, y que pueda “formar parte de las instituciones sanitarias y de las comisiones y comités de los centros asistenciales”.

'Interferencia' con el derecho de la mujer al aborto

No es, por supuesto, la primera vez que el Senado (donde tiene mayoría absoluta el PP) aborda este debate, que fue retomado recientemente por el PSOE con el objetivo de “promover que la responsabilidad anticonceptiva no recaiga solo en la mujer”, acabar con el “negacionismo feminista” e impedir “que la objeción de conciencia del personal sanitario limite el acceso de las jóvenes a este derecho”. La iniciativa no superó la ‘criba’ del pleno.

En esta línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió el pasado octubre en la Cámara Alta que el derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia no puede interferir con el de las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo.

La ministra apuntó que en torno al 81 por ciento de los abortos se realizan en clínicas privadas, lo que considera “un claro incumplimiento de la ley”. En este sentido, recordó su compromiso para trabajar, de la mano con las autonomías a través del Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (CISNS), en la elaboración de un protocolo común y que “pueda haber un registro de objetores”.