Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El Gobierno ha dado respuesta a la polémica tras el
"despido ideológico por sus opiniones" que, según Ciudadanos, sufrió una enfermera del
Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, tras publicar un video donde
criticaba la "exigencia" del catalán y de obtener el nivel C1 de este idioma para presentarse a las oposiciones. Este lunes se ha publicado la respuesta por escrito a Inés Arrimadas, quien registró una pregunta parlamentaria por este "señalamiento". En ella, el Gobierno recuerda que la exigencia de las lenguas cooficiales "no debe ser desproporcionada" pero que, a su vez, entiende que se demande.
"El requerimiento de
conocimiento de la lengua no puede ser desproporcionado ni injustificado, sino que debe estar basado a las características y nivel del puesto de que se trate en cada caso, y debe estar orientado a la garantía de los derechos de la ciudadanía en todo caso, y en particular
sus derechos lingüísticos", ha asegurado el Gobierno.
El ordenamiento jurídico reconoce una serie de derechos lingüísticos a la ciudadanía, "y en particular el derecho del uso de las lenguas oficiales
en sus relaciones con los poderes públicos, en determinadas condiciones y en el ámbito territorial donde estas están reconocidas".
Es por esto que
el Gobierno reconoce que los poderes públicos "deben garantizarlos" y, para ello ven necesaria la capacitación lingüística de los empleados públicos que desempeñen determinadas funciones en aquellas Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales y en aquellos puestos donde existan relaciones directas con la ciudadanía
"que puedan implicar el necesario uso de las lenguas cooficiales reconocidas por el ordenamiento jurídico".
Derecho del paciente a dirigirse en lengua cooficial
El Tribunal Constitucional reconoce que, al afirmar que en aquellas comunidades "con régimen de cooficialidad lingüística", como es el caso del País Vasco, los ciudadanos
"tendrán derecho a dirigirse a las Administraciones Públicas en las lenguas cooficiales", en igualdad de condiciones y produciendo sus actos idénticos efectos jurídicos.
Por ello, en esta respuesta por escrito, el Gobierno reconoce que el requerimiento de conocimientos lingüísticos en el acceso a la función pública y en la provisión de puestos de trabajo en las Comunidades con lenguas cooficiales está
"justificado" en determinados supuestos pero "siempre con los límites reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento jurídico".
La enfermera del Vall d'Hebron no renueva
Tras la polémica surgida, el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona decidió que
la profesional sanitaria no renovaría su contrato en el centro. El expediente informativo que se abrió a la enfermera siguió su curso según la Conselleria, pero incidieron en que el contrato ya había concluido y, por tanto,
"cualquier hipotética actuación disciplinaria queda suspendida".
En la grabación del video para TikTok,
la enfermera criticaba esta "exigencia" con insultos: "Para sacarnos las putas oposiciones nos piden el puto C1 de catalán". Tras esto, el hospital aseguró que algo así "no se podía tolerar" ya que "no representan a la institución ni al centro".
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