La Comisión de Sanidad del Senado ha tumbado una moción del
BNG dirigida a fomentar la
jubilación anticipada del colectivo de salud a los 60 años y sin perjuicio en su pensión. Las voces más críticas han sido las de
PP y Vox, que han cargado contra una propuesta que consideran “mal planteada” y poco precisa. En este sentido, los conservadores han apuntado no solo a la falta de memoria económica de la misma, sino también a su lenguaje
“gramaticalmente incorrecto” y “excluyente” hacia los
sanitarios varones, así como hacia el
ámbito privado.
Carmen Da Silva, senadora vinculada al Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha sido la encargada de defender esta moción destinada a instar al Gobierno a regular este mismo 2024 el
retiro a los 60 años y con el 100 por ciento de la pensión de aquellos profesionales de la sanidad con más de cuatro décadas de prestación de servicio. La vía para lograrlo, ha apuntado la dirigente gallega, se encuentra en la
reforma del Estatuto Marco, en la que trabajan actualmente Ejecutivo y agentes sociales para, entre otros aspectos, establecer
coeficientes reductores para la jubilación anticipada.
“Esto no puede estar
condicionado a decisiones políticas”, ha incidido Da Silva, que ha apuntado que la “excesiva carga de trabajo” provocada por el “
adelgazamiento del sistema público”, así como los turnos rotatorios “matadores” y la exposición a agentes peligrosos pueden dar lugar a multitud de patologías que oscilan entre las enfermedades coronarias o cerebrovasculares y otras de tipo mental, como la depresión.
La propia Da Silva ha añadido que el de
la sanidad es un sector altamente feminizado, especialmente en la sanidad pública. En este sentido, considera que se las administraciones están incurriendo en una
“discriminación de género” al negar a estas trabajadoras el mismo derecho que a los de sectores con mayoría de varones, como el de la Policía y los bomberos.
“Ideas sesgadas” y falta de memoria económica
Si bien en esencia no está en contra de acercar la jubilación anticipada a los sanitarios, Vox se ha abstenido finalmente al considerar que contiene
“ideas sesgadas” de género y lenguaje.
Su portavoz en la Cámara,
Fernando Carbonell (quien ha presentado una enmienda que no ha sido aceptada por el BNG), ha agradecido a la formación gallega su “esfuerzo” por impulsar el debate, pero ha destacado que algunos de sus mensajes les hacen “perder legitimidad”.
“¿De verdad piensan que
policías, albañiles, bomberos… tienen esto porque son
mayoría de hombres?”, ha inquirido el mandatario de Vox, que ha criticado también el lenguaje
“gramaticalmente incorrecto” del texto de la moción (al hacer referencia, por ejemplo, a ‘trabajadoras y trabajadores’), que hacen difícil su “comprensión”.
En esta línea, el popular
José Manuel Aranda ha denunciado que la moción “choca con el principio de igualdad”, pues es “excluyente” para unos
trabajadores de la sanidad privada “que atienden al 82 por ciento de los funcionarios” españoles.
De forma paralela, el senador ha acusado la
falta de memoria económica de la propuesta, y ha catalogado de “debate estéril” la discriminación de género a la que hace referencia. “La libertad no debe estar coartada en función del género del tipo que sea”, ha manifestado.
El propio José Manuel Aranda ha incidido en que España sigue arrastrando problemas de falta de profesionales, en especial en la Atención Primaria, y ha añadido que no se puede aplicar la misma vara de medir a todos los colectivos de la sanidad dado que hay algunas profesiones que no están expuestas a riesgos.
Negociación del nuevo Estatuto Marco
Desde el Partido Socialista, por su parte, Rafael Rodríguez ha apuntado que “negociar los coeficientes reductores es algo muy necesario” en la sanidad, y ha recalcado que la ministra del ramo, Mónica García, “ha recibido el apoyo para un
nuevo Estatuto Marco” más “global”.
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