La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido.
Coalición Canaria (CC) recula y no reclamará al Gobierno que prorrogue más allá de 2024 los procesos de Oferta Pública de Empleo (
OPE) ya en marcha al amparo de la Ley 20/2021 para reducir la
temporalidad laboral en el sector público a menos del 8 por ciento. A pesar de que, a mediados de marzo, el partido representado por
Cristina Valido en el Congreso había registrado una Proposición no de Ley (
PNL) en la que se instaba al Ejecutivo a ampliar ese plazo mientras se adecuaba la normativa nacional a las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (
TJUE) para paliar el
abuso de los contratos temporales, ahora la fuerza regionalista la ha retirado para sustituirla por otro texto, idéntico a excepción de esa exigencia, que ya no aparece. Consultadas por
Redacción Médica, fuentes de CC vienen a decir que no habría tiempo de aquí a que termine el año para sacar adelante esa prórroga: “Estamos con casi medio 2024 en curso”.
En cualquier caso, en CC siguen insistiendo en que el Gobierno ha de tomar cartas en el asunto para
reducir la temporalidad sanitaria en el ente público más allá de cumplir con fidelidad la citada Ley 20/2021, tal y como consta en su nueva PNL, publicada este viernes en el
Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Fue a mediados de febrero cuando se hizo pública la sentencia del TJUE en la que se criticaba que España no hubiera tomado aún medidas suficientes para reducir “los abusos derivados de la
utilización sucesiva de contratos temporales, incluidos los contratos indefinidos no fijos” en la Administración.
Ante ello, el Tribunal de Luxemburgo proponía la
conversión de los contratos temporales en contratos fijos como la mejor solución a esa situación. Pero se trató sólo de eso, una recomendación. En su PNL, los de Valido recuerdan que los fallos del TJUE “son vinculantes” no sólo para los tribunales españoles, sino también para “las autoridades administrativas y el legislador”, según “el principio de primacía del derecho de la
Unión Europea”.
Ese el motivo de que, aun desistiendo de su exigencia de
prorrogar los plazos de las OPE contempladas en 2024, el partido regionalista canario sí siga instando al Gobierno a “promover las modificaciones normativas que procedan en la legislación en materia de
empleo público” para cumplir “los pronunciamientos” del TJUE, aunque ahora sin proponer un plazo temporal concreto para ello.
La sentencia europea no afecta a las OPE sanitarias en marcha
Diversas fuentes jurídicas y sindicales consultadas por este medio a raíz del fallo del Tribunal de Luxemburgo aseguraron que, más allá del contenido de la sentencia,
el fallo europeo no afectaría a las OPE ya convocadas y en marcha.
Es más, desde el
Ministerio de Sanidad ya trasladaron a este periódico su confianza la
hoja de ruta ya trazada para estabilizar el empleo sanitario y reducir el número de interinos, no sólo a través de la Ley 20/2021, sino también con la futura
reforma del Estatuto Marco, dos normas que, según el departamento que dirige
Mónica García, ya buscan "disuadir" a las administraciones públicas de las contrataciones temporales.
En todo caso, el Ejecutivo ya anunció a primeros de marzo que el
Tribunal Supremo plantearía una cuestión prejudicial al TJUE para que este, ante las “dudas” del Alto Tribunal español, aclara cuál es el
modo adecuado de hacer fijos a los empleados indefinidos no fijos de larga duración del ente público.
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