Francisco Abril Ruiz, del Gobierno de Murcia; Óscar Castro, presidente de los dentistas, y Javier Camacho, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por iDental (Adafi).
El
Consejo General de Dentistas de España ha dado su visión sobre el
cierre de clínicas de la cadena iDental, asegurando que “el verdadero problema lo representa el modelo de este tipo de clínicas corporativas, que están ideadas para captar el mayor número de clientes (que no pacientes) posible y aumentar exponencialmente la facturación. No prevalece la ética ni la calidad en la práctica odontológica, sino la cuenta de resultados”.
En una rueda de prensa, el Consejo ha insistido en la necesidad de lograr la
implicación de las autoridades sanitarias españolas, y para ello propone que este asunto pueda tratarse en el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), donde están representados tanto el Ministerio de Sanidad como las diferentes Comunidades Autónomas que conforman nuestro país.
Además, muestra públicamente su apoyo a los perjudicados a la vez que anuncia que pondrá en conocimiento de las autoridades judiciales competentes “todos los hechos acontecidos en el que consideramos el
mayor escándalo sanitario dental de la historia de nuestro país”.
Publicidad sanitaria
En este sentido, el órgano denuncia que para ello se valen de una herramienta que es decisiva: la
publicidad sanitaria, que en ocasiones es engañosa y persigue confundir al ciudadano. En el caso de iDental, se hablaba de
Dentistas con corazón, Dentocracia o Un millón de euros en subvenciones privadas, creando falsas expectativas en la población con mensajes falsos y dirigidos al estrato social más débil: las personas con menos recursos”.
"Es el mayor escándalo sanitario dental de la historia de nuestro país"
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Esta cadena, que es obviamente una empresa privada, no concedía
subvenciones. “Lo que realmente sucedía es que supuestamente inflaban el precio de los tratamientos para luego aplicar grandes descuentos. Además, presionaban al paciente indicándole que existía una gran urgencia a la hora de firmar la
financiación de los tratamientos puesto que estas supuestas ayudas podían acabarse, lo que ha demostrado ser rotundamente falso”, aseguran los dentistas.
Culpa de la Administración
El Consejo General asegura que ha alertado en numerosas ocasiones a los responsables públicos de que esta situación iba a producirse. “Estamos convencidos de que
más cadenas corporativas similares cerrarán en el futuro si no se toman las medidas que llevamos años reclamando”, considera, razón por la que también considera culpable a la Administración.
“La acción más urgente es
regular de una vez la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional para evitar que haya anuncios y campañas engañosas que solo buscan mercantilizar el bien más preciado que tienen las personas, que es su salud”, reclaman los dentistas. “Pero además reclamamos que se cumpla la
Ley de Sociedades Profesionales, según la cual, el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible. Porque actualmente en España, cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos dentistas”.
Responsabilidad profesional
Por otro lado, el Consejo General de Dentistas no elude la responsabilidad que pudieran tener aquellos
odontólogos que hayan cometido mala praxis o actuado contra la ética y deontología. “Por ello los colegios oficiales de dentistas estudiarán cada caso concreto para proceder a la apertura de los expedientes informativos que sean necesarios”, asegura, con una “política de tolerancia cero con los profesionales que no hayan actuado adecuadamente en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes”.
Sin embargo, también indica que muchos dentistas que han trabajado y trabajan para este tipo de empresa “son víctimas de este modelo, puesto que han sido contratados en condiciones precarias, han sufrido impagos y retrasos en el cobro de sus nóminas e, incluso, han llegado a ser contratados como falsos autónomos”.
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