Sanidad cocina las bases para financiar proyectos de salud infantojuvenil

El Ministerio de Sanidad somete a consulta pública la Orden ministerial que regirá las bases para elegir los proyectos de promoción de la salud infantojuvenil que serán financiados a través del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Los interesados podrán presentar opiniones y propuestas hasta el próximo 28 de marzo.

El Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza está cofinanciado con el Fondo Europeo Plus (FSE+). Se trata de uno de los 27 proyectos -23 de comunidades autónomas y cuatro estatales- sufragados con los casi 11,3 millones de euros que la Unión Europea asignó a España a través de dicho fondo para el marco financiero plurianual 2021-2027, si bien el periodo de ejecución terminará el 31 de diciembre de 2029.

Uno de los objetivos del plan de garantía infantil es “articular programas que mejoren los hábitos de vida de la población infantojuvenil, como medio para prevenir o actuar frente a la obesidad infantil, muy especialmente de la población más vulnerable, concretamente a través de sesiones saludables con una visión holística que incluyan actividad física, hábitos alimenticios, de sueño y de bienestar”, todo ello en base al marco reglamentario europeo.

Cuando la propuesta de Orden ministerial supere los trámites pertinentes, se aprobará la convocatoria para seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, “las operaciones de proyectos de actuación orientados a la promoción integral de estilos de vida saludables para la infancia y adolescencia con enfoque de equidad ejecutados por entidades sin ánimo de lucro y entidades de la economía social”. La selección le corresponde al departamento dirigido por Mónica García en tanto en cuanto la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo lo designó Organismo Intermedio.

Más de 60 millones para proyectos de innovación social

En julio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya abrió una convocatoria para financiar proyectos de innovación social con 65,5 millones de euros que también provenían del FSE+. Las iniciativas financiables habían de enfocarse en la protección a “la infancia y la adolescencia en riesgo o desamparo, priorizando medidas que garanticen el derecho de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en entornos familiares seguros a través de, entre otras, medidas preventivas centradas en el apoyo a familias frágiles”.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, explicó entonces que el objetivo de la convocatoria era que, “una vez testeadas”, las iniciativas “sean transferidas a mejores políticas públicas para todo el Estado”. La convocatoria se dirigió tanto a “entes locales como a entidades sociales y de la economía social”.