Ministerio e Interterritorial, 'detectives' en los casos de bebés robados

El Ministerio de Sanidad funcionará como un enlace de comunicación para el intercambio de datos relacionados con las personas afectadas por casos de sustracción de recién nacidos. Esta tarea de 'detective' por parte del organismo dirigido por José Miñones forma parte de un convenio conjunto al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Fiscal General del Estado, una colaboración en la que el Ministerio se encargará de obtener toda la información sanitaria relevante para la que se apoyará en organismos como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad es el encargado de llevar la coordinación general del SNS, lo que incluye la fijación de medios y de sistemas de relación "que hagan posible la información recíproca", la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas competencias. "En este sentido, teniendo en cuenta el ámbito que nos ocupa y la distribución competencial en el ámbito de la sanidad pública, el Ministerio de Sanidad está interesado en servir de enlace de comunicación para facilitar el intercambio de datos que, en el ámbito de su competencia, puedan estar relacionados con las personas afectadas por casos de sustracción de recién nacidos", asegura el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este jueves.

El objetivo conjunto de este convenio es crear un marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado para poner en marcha un "mecanismo de comunicación e intercambio de los datos obrantes" para así facilitar el debido acceso por las personas afectadas en casos de sustracción de recién nacidos "a aquellos datos para los que se encuentren legitimados a hacerlo".

Sanidad se apoya en el Interterritorial para obtener información

Los tres ministerios y el Fiscal General se comprometen a "desarrollar coordinadamente", en lo que afecte a sus respectivas competencias, las actuaciones y medidas necesarias para el "eficaz cumplimiento" del convenio. Para lograr esto, cada una de las partes designará a una persona como responsable de su punto de contacto nacional y se encargará de comunicar al resto los "posibles cambios de designación". "Bajo la coordinación del Ministerio de Justicia, desde dichos puntos de contacto nacionales se recabará la información interna existente en los diferentes organismos, en función del ámbito de su competencia, al objeto de poder recopilar los datos y la documentación existente sobre cada caso concreto", concretan.

Sobre esto, el BOE recoge que, particularmente el Ministerio de Sanidad tiene como labor mantener como punto nacional de contacto a la persona responsable "hasta el momento de recibir las solicitudes de información" expedidas por el Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos del Ministerio de Justicia. Esta persona estará encargada de remitir a dicho servicio la documentación solicitada. Además, dentro de sus competencias, el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y demás instrumentos de coordinación con las comunidades autónomas previstos en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, asumirá la función de obtener la información sanitaria relevante.

El convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para ninguna de las partes. Para garantizar un adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido, se creará una comisión de seguimiento y control paritaria integrada por dos miembros designados por cada una de las partes firmantes, entre los que siempre se encontrará quien sea responsable de su punto nacional de contacto.