La ordenación profesional, negociación prioritaria del nuevo Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad y el conjunto de los sindicatos han fijado ya el orden del día para la próxima mesa de negociación en la que se abordará la segunda parte de la reforma del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud. La planificación y la ordenación de las plantillas públicas será el tema prioritario que discutirán ambas partes en la siguiente cumbre. Tras la última cita que sirvió como toma de contacto, por primera vez se colocarán sobre la mesa propuestas concretas para arrancar unas conversaciones que podrían prolongarse un año en el calendario hasta alcanzar un acuerdo definitivo de conjunto.

Fuentes presentes en el equipo negociador han adelantado a Redacción Médica que antes de que acabe el mes se discutirá en el foro la reforma de los capítulos 1 y 3 de la ley, ya que se había acordado dividir las negociaciones por apartados individuales. Se trata de dos secciones sensibles ya que contemplan tanto las normas generales sobre las que se asienta la legislación del personal estatutario como los aspectos particulares en los programas de recursos humanos.

Actualmente, el tercer capítulo de la norma plantea un modelo de ordenación en el que las comunidades autónomas tienen la competencia para establecer las diferentes categorías o grupos profesionales existentes en su ámbito para la enumeración de las plazas. El proceso está supeditado a la negociación sindical. Mientras que corresponde al Ministerio de Sanidad la elaboración de un catálogo homogéneo de equivalencias para todos los territorios.

Esta sección del Estatuto Marco define a los planes de ordenación como un “instrumento básico” para los servicios de salud con el objetivo de cubrir sus necesidades en materia de personal. “Podrán establecer las medidas necesarias para conseguir dicha estructura, especialmente en materia de cuantificación de recursos, programación del acceso, movilidad geográfica y funcional y promoción y reclasificación profesional”, reza el texto.

Entre los criterios para la planificación de los recursos humanos se incluyen actualmente el “dimensionamiento, distribución, estabilidad, desarrollo, formación y capacitación” de los servicios de salud. Mientras que se concede a las autonomías la legitimidad para tomar las “medidas necesarias” para garantizar la eficiencia en el sistema, como la reasignación de efectos, las convocatorias de selección, la promoción interna o la movilidad, dentro del marco las normas vigente.

Ahora todas estas cuestiones deberán acomodarse a los últimos cambios que ya figuran en el Estatuto Marco que en el arranque del verano sufrió un cambio sustantivo para eliminar el concepto de ‘eventual’ de su articulado y establecer los seis requisitos imprescindibles en los que las administraciones puedan tirar de personal interino como cubrir vacaciones, bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias o acumulación de tareas durante un periodo máximo de tres años.

Los principios básicos del personal sanitario 

Sobre la mesa de negociación de la próxima reunión también aparecerá el primer capítulo del Estatuto Marco que marca las normas generales de la ley. En el texto se establece que el ámbito de aplicación es extensible a todos los servicios de salud, tanto autonómicos como estatales. Mientras que se insiste en la necesidad de someter al diálogo con los sindicatos cualquier norma sobre personal estatutario. Además, también se presenta una batería de 11 principios que deben regir cualquier acción como la igualdad en el mérito, la libre circulación de personal, la dedicación prioritaria al servicio público, la responsabilidad profesional o la estabilidad en el empleo.

La modificación de este encaje general llega en un contexto marcado por las reformas “ambiciosas” que se plantean los sindicatos en esta nueva fase de conversaciones. Aspectos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional, la supresión de las tasas de reposición o las garantías en los procesos de promoción interna forman parte de los objetivos generales de las organizaciones que representan a los trabajadores públicos de la sanidad.