La "longitudinalidad" marca el rumbo del nuevo Plan de Atención Primaria

La llegada del verano intensificó en los meses previos la voz de alarma articulada por diversos gobiernos autonómicos en torno al déficit de profesionales en Atención Primaria, circunstancia agravada en este periodo estival por varios factores -vacaciones y ‘graduación’ tardía de los MIR de la generación Covid, entre otros-. En este contexto, la aprobación y puesta en marcha del prometido Plan de Acción de Atención Primaria 2024-2025 se erige en solución a corto-medio plazo para esos problemas, pero con la idea de que asiente las bases de futuro para un Sistema Nacional de Salud (SNS) “resiliente”, tal y como ha repetido más de una vez la ministra de Sanidad, Mónica García. Desde el departamento se puso el horizonte del último trimestre del año para contar con el nuevo plan, si bien poco a poco se han ido deslizando algunas de las claves que marcarán el devenir de la estrategia.

En primer lugar, cabe recordar que el impulso de un plan de choque de Atención Primaria es uno de los principales puntos sanitarios del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta legislatura. En base a ello, desde Sanidad se lleva trabajando desde primeros de año en la actualización del plan cuya vigencia concluyó en 2023. En febrero se celebró un Consejo Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria en el que ministerio y comunidades autónomas asentaron algunas de las bases sobre las que se apoyará la renovación de la estrategia, como la revisión de los criterios de acreditación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), la conclusión del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) para el ministerio tenga un mapa completo de la falta de profesionales y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, incluidas las competencias, los roles y la desburocratización.

En la rueda de prensa posterior a ese Interterritorial, García avanzó que el nuevo Plan de Acción de Atención Primaria sería fruto del “consenso” entre el ministerio y las comunidades autónomas, y que pondría el foco precisamente en las mejoras laborales aludidas. En aquel pleno, además, Sanidad presentó a los responsables autonómicos del ramo un informe de evaluación del Plan de Atención Primaria 2022-2023 en el que, entre otras cosas, se concluía que se había ejecutado el 60 por ciento de las medidas que lo conformaban. Cabe resaltar que esa estrategia se aprobó en 2021 y fue dotada con más de 600 millones de euros del Gobierno, repartidos entre las comunidades autónomas.

Relación duradera médico, enfermera, administrativo-paciente

Desde entonces, los principales responsables del ministerio han incidido en el uso del término “longitudinalidad” para hacer referencia a la necesidad de establecer relaciones duraderas entre los pacientes y sus médicos y enfermeras. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, no sólo lo repitió en julio en su cuenta de X, sino que aportó tres claves para su consecución: estabilidad en las plantillas, autonomía de gestión para amoldar oferta a necesidad y respetar la movilidad de profesionales, pero incentivando la permanencia de forma positiva.

“El primer elemento fundamental es que la Atención Primaria tiene que ser un lugar deseable donde trabajar. En ese respecto, lo fundamental está relacionado con las condiciones de trabajo, y es una competencia de las comunidades autónomas. Nosotros podemos intentar coordinar, armonizar, alinear y generar algún tipo de incentivo, pero en general, es una competencia de las comunidades”, dijo Padilla en la entrevista concedida antes del parón veraniego a Redacción Médica.

En esa conversación, el número dos de Mónica García avanzó otros pilares del futuro Plan de Atención Primaria, más allá de confirmar que la estrategia tendrá una financiación específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025 -sin especificar aún cifras, eso sí-. Sobre la autojustificación de baja laboral de tres días, explicó que, actualmente, se está dialogando con órganos ministeriales, sindicales y empresariales, y que será después del verano cuando empiecen las “gestiones puramente ministeriales” en el marco del nuevo plan.

Esta última medida, anunciada en enero por García, es una de las claves para impulsar la desburocratización del primer nivel asistencial. Aunque no se ha concretado todavía de qué manera podrá hacerse efectivo, sí que podría apoyarse en una novedad que Padilla adelantó a este periódico: impulso de medidas de capacitación de los administrativos de los centros de salud para “dignificar” su rol y, ligado a ello, crear la figura del administrativo de cabecera en sintonía con el concepto de longitudinalidad.

Sindicatos: presupuesto finalista para el ámbito comunitario

En el futuro nuevo Plan de Atención Primaria también se contempla dar especial relevancia al aspecto comunitario. Al menos, es una de las grandes reivindicaciones que los sindicatos le trasladaron al propio Padilla en uno de los encuentros mantenidos en junio para dar forma a la estrategia.

En su propuesta, CCOO aboga por un planteamiento del primer nivel asistencial “mucho más dirigido a  la promoción y la prevención”, algo necesario, según el sindicato, “en un contexto de envejecimiento, cronicidad, migraciones, cambio climático, avances técnicos y tecnológicos, e incertidumbre internacional”.
En base a ello, pidió al secretario de Estado que se dote de un presupuesto “integrado y finalista” la implantación y evaluación de estrategias de Salud Comunitaria “en todas las comunidades autónomas”.

Además, propuso “facilitar e integrar la participación comunitaria en los órganos de decisión de las políticas sanitarias” a través de mesas intersectoriales y Consejos de Salud en los distintos departamentos y zonas básicas sanitarias, algo que va en la línea de la apuesta por el Foro Abierto de Salud incluida en el proyecto de Ley para garantizar la equidad y la cohesión del SNS aprobado por el Consejo de Ministros.