El coste energético obliga a Sanidad a ajustar el plan contra la legionela

La deriva de la situación energética ha forzado al Gobierno a retocar sus planes de contención de la legionelosis para hacerlos más “eficaces”. En definitiva, a “minimizar en la medida de lo posible su coste”, que es la naturaleza del nuevo real decreto que el Ministerio de Sanidad ha lanzado este jueves a consulta pública. El proyecto recoge también otros aspectos que deberían ser “potenciados”, como la ampliación de las obligaciones de acreditación de las instalaciones “susceptibles de que prolifere” esta bacteria en la toma de muestras para su determinación. 

Este proyecto del real decreto por el que se establecen los requisitos sanitarios para prevenir y controlar la legionelosis viene a modificar el RD publicado el pasado 21 de junio, que establecía el ámbito de aplicación de estas medidas “en focos de exposición humana a la bacteria y, por tanto, de propagación de la enfermedad de la legionelosis durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento”.

“Se aplica tanto a instalaciones en edificios, medios de transporte, instalaciones recreativas, instalaciones urbanas, instalaciones de uso sanitario o terapéutico y cualquier instalación que utilice agua en su funcionamiento y produzca, o sea susceptible de producir, aerosoles que puedan suponer un riesgo para la salud de la población”, recoge el plan contra la legionelosis aprobado por el Gobierno, que excluye sin embargo las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, “siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios”.

Tres reformas para el nuevo plan

En el RD de reforma de esta norma, Sanidad asume que en los últimos meses se ha identificado la necesidad de “adecuarlo” a la “situación energética actual”, así como de potenciar” otros aspectos “a efectos de una mayor eficacia de los mismos” y establecer un reparto de responsabilidades “más acorde con el régimen de explotación de la instalación o equipo”.

En este escenario, el departamento que dirige Carolina Darias propone tres reformas: en primer lugar, un reparto más “acorde” de responsabilidades del control de la legionelosis con aquellas instalaciones “en las que se identifican dos actores”, es decir, el propietario del edificio o de la planta y el de la actividad que en ella se lleva a cabo. Asimismo, se defiende la posibilidad de llevar a cabo “de forma directa la toma de muestras a empresas que dispongan de la acreditación de dicho acto”; así como ampliar la obligación de la acreditación de la toma de muestras para la determinación de legionela a los Planes Sanitarios frente a la bacteria.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, hasta el día 2 de marzo, recoge el documento.