"Falta de acuerdo" CCAA-Ministerio por la mascarilla obligatoria en sanidad

El pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha llegado este lunes a un acuerdo para imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros de salud y hospitales de todas las comunidades autónomas (CCAA), tal y como se ha propuesto desde el Ministerio de Sanidad ante el repunte en la incidencia de gripe y covid. Aunque la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia ya habían aplicado esta medida, la mayoría de consejeros han acusado a los responsables ministeriales de querer improvisar a la hora de trabajar para frenar la epidemia. La ministra del ramo, Mónica García, ha anunciado un plazo de 48 horas para recibir aportaciones al respecto de las comunidades, algunas de las cuales ya han planteado que se recomiende el uso de mascarillas también en las farmacias.

"Como Ministerio de Sanidad, nos podemos codo con codo con todas las comunidades para tomar las mejores decisiones que protejan y que velen por la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha dicho la máxima responsable del departamento, que ha defendido que su intención, con la convocatoria del Interterritorial telemático, era la de "homogeneizar" las medidas en torno al incremento de infecciones respiratorias.

García ha reconocido que tanto los responsables del ministerio como los de las CCAA han "reflexionado profundamente" sobre el uso de mascarillas en centros sanitarios "para proteger tanto a pacientes como a profesionales". De hecho, ha afirmado que se trata de una medida "efectiva, de sentido común y que está avalada por la evidencia científica y es bien recibida por la población".

Consenso en cuanto a la recomendación del uso de mascarillas

La consejera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha manifestado que "todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarilla de forma responsable en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023".

De hecho, el consejero de Sanidad del Ejecutivo aragonés, José Luis Bancalero, ha anunciado, tras la reunión del Interterritorial, que a partir de este lunes el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio en los centros de salud de la comunidad autónoma para "proteger a los pacientes vulnerables".

Por su parte, Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimenta un crecimiento en los próximos días o semanas, aunque de momento se mantiene en la recomendación de su uso, como en el resto de regiones.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha explicado que, en el pleno, se ha planteado la posibilidad de "dar un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada" a las regiones "de diferentes colores políticos" que ya han apostado por el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros de salud.

"Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido, y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud a toda la ciudadanía", ha sentenciado Mónica García.

Malestar autonómico por la "improvisación" de Sanidad

Bancalero también ha expresado el malestar autonómico por parte de "todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos" exigiendo "respeto institucional" al Ministerio de Sanidad. El consejero de Sanidad de Aragón, así como Matute; la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, María Martín; el consejero de Salud del Ejecutivo murciano, Juan José Pedreño; y la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, han trasladado su desacuerdo ante la convocatoria de este Consejo Interterritorial.

Todos ellos, de gobiernos autonómicos del Partido Popular, han coincidido en que ha sido un encuentro convocado de "forma improvisada, sin rigor científico y sin seguir el procedimiento". Las críticas se deben porque estas decisiones deben tratarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública, el ente donde se elabora un documento donde se establecen niveles de alertas o indicadores para posteriormente ser avalado o no en el Consejo Interterritorial.

Los consejeros y consejeras de Sanidad también han reprochado que han recibido la documentación pertinente con el Consejo Interterritorial ya comenzado, por lo que ahora las comunidades autónomas tienen 48 horas para valorarlo y realizar alegaciones.