Ni
CESM ni
Satse tomarán parte en la
manifestación convocada por CSIF para defender una subida salarial acorde a la
inflación en la administración pública. Fuentes de uno y otro sindicato han confirmado a
Redacción Médica que no tienen previsto secundar la marcha, aunque no descartan impulsar sus propias movilizaciones para acabar con la “situación de abandono y de precariedad de la sanidad española”.
“Tenemos nuestras propias reivindicaciones”, deslizan fuentes del Sindicato de Enfermería (Satse), que apelan a la necesidad de focalizar su estrategia en el colectivo de las enfermeras, las fisioterapeutas y el sistema sanitario.
En este sentido, la organización que preside
Manuel Cascos destaca que desde 2021 ha impulsado
“numerosas movilizaciones y acciones reivindicativas en todo el Estado”, desde concentraciones en hospitales y centros de salud hasta en el Congreso de los Diputados, “con el único objetivo de que el conjunto de las administraciones públicas y partidos políticos acaben con la grave situación de abandono y precariedad que sufre la sanidad pública”.
“En estos momentos, el sindicato está valorando la posibilidad de realizar nuevas acciones en los centros sanitarios y en las calles, sin descartar nuevas movilizaciones, ya que sigue constatando que no hay ningún interés por parte de administraciones y partidos por cambiar las cosas y dotar a nuestro sistema sanitario de los
medios y recursos necesarios para garantizar la salud y seguridad asistencial de más de 47 millones de personas”, añaden las mismas fuentes.
En una posición semejante se encuentra la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que también se ha desvinvulado de la movilización convocada por CSIF.
Pérdida de poder adquisitivo de los sanitarios
Tal y como informó la organización que preside Miguel Borra, la marcha tendrá lugar el próximo 24 de septiembre y tendrá como objetivo
denunciar “el empobrecimiento social” de los funcionarios.
“Precisamente, el viernes pasado conocimos los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social que arrojan la
destrucción de 12.841 puestos de trabajo en las administraciones públicas durante el mes de agosto. Este dato redunda en el deterioro de los servicios públicos y en la necesidad de acordar un plan de recursos humanos para apuntalar sectores clave de nuestro Estado de Bienestar y de nuestras administraciones, que se encuentran en una situación muy delicada. Por eso, desde CSIF exigimos el
inicio urgente de las negociaciones con Función Pública para empezar a diseñar la oferta pública de empleo y acordar una subida salarial justa, ante la situación de inflación”, detalló.
Según los cálculos de la central de funcionarios, la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación lleva a los médicos a trabajar “gratis” durante 18 meses en una década.
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