Los médicos canarios denuncian vulneración de competencias con el Plan +AP

Los dos colegios de médicos de Canarias han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que advierten de que la nueva 'Estrategia + AP' sobre los servicios de Atención Primaria en las islas socava sus competencias pues otorga funciones a otros profesionales.

El Colegio de Santa Cruz de Tenerife ya presentó alegaciones cuando su desarrolló la primera estrategia en febrero de 2019, que se han vuelto a poner sobre la mesa en febrero de este año, y la Dirección General de Programas Asistenciales, en la reforma presentada recientemente, sigue vulnerando algunas de sus competencias.

Desde los Colegios de Médicos de Canarias coinciden con la Consejería de Sanidad en que se deben aportar soluciones a los "múltiples problemas" que afectan a la Atención Primaria pero entiende que "deben ser consensuadas" con los profesionales.

"Los Colegios de Médicos de Canarias representamos a toda la profesión y debemos velar por el buen desempeño de la Medicina y por el desarrollo y competencias de nuestra profesión, desde esta realidad, reconocida por la legislación vigente, no entendemos cómo desde la administración pública, ante las deficiencias estructurales de la Atención Primaria dentro del Sistema Nacional de Salud, se pretende menoscabar las funciones de los médicos", señalan.

Además afirman que hay actualmente hay una "diáspora de médicos" formados en España como "consecuencia del desprecio" de todas las administraciones pues hay "excesiva carga de trabajo, mala organización, retribuciones ofensivas que no se corresponden con sus responsabilidades y contratos vergonzosos".

Frente a esa realidad, se importa profesionales de otros lugares "y como no han sido suficientes", las autoridades sanitarias 'se saltan' la legislación vigente o la reinterpretan y "tratan de delegar parte de las competencias de la medicina a otros profesionales, colaborando de esta manera al desprestigio de la medicina y ofendiendo a la dignidad de los profesionales médicos", indican.

A su juicio, "la imposición por la vía de los hechos consumados nunca ha dado buenos resultados", por lo que exigen que se informe a los ciudadanos y profesionales, además de consensuar soluciones.