La Ley de Vivienda pincha en salud con solo el 0,6% de domicilios adaptados

La ubicación, la distribución arquitectónica y el equipamiento de una vivienda constituyen elementos básicos para ofrecer a los inquilinos buenas condiciones de ‘asequibilidad sanitaria’. No obstante, los edificios que cumplen con todos los estándares de accesibilidad universal son ‘rara avis’ en España: solo un 0,6 por ciento de los mismos están plenamente adaptados, indica a Redacción Médica el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, quien entre otros factores apunta a la necesidad de establecer redes de apoyo solidario entre vecinos y una “política de vivienda más coherente”.

El propio Nasarre abordó esta problemática en su informe sobre el proyecto de Ley de Vivienda 2022 publicado por Fedea, en el que lamentó la carencia de análisis sobre las interrelaciones que existen entre los elementos que influyen en la asequibilidad de un domicilio, entre ellos la salud.

En declaraciones a este periódico, el profesor de la Universidad Rovira i Virgili enfatiza el “vínculo moral” que las personas tienen con sus respectivas viviendas, que tiene también su vertiente sanitaria. Alude Nasarre entre otros factores al perjuicio que supone para la salud ciudadana el estrés producido por la gentrificación y el encarecimiento de las casas más próximas a los centros urbanos, así como a las particularidades arquitectónicas del propio inmueble.   

“No es lo mismo estar a media hora andando del trabajo que tener que conducir una hora por la mañana y otra por la tarde. Esto supone un estrés, un cambio de ritmo de vida y un posible descuido del ámbito familiar que puede estar relacionado también con la baja natalidad”, sostiene.

A nivel arquitectónico, el catedrático toma como referencia el concepto de vivienda “digna y adecuada” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ampara a tanto a personas con discapacidades físicas y enfermos psíquicos como a mayores. De hecho, desde diciembre de 2017 todos los edificios existentes deben estar ajustados a niveles “razonables” de accesibilidad en base al real decreto 1/2013, referente a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

“Cuando hicimos nuestra cátedra descubrimos que, a pesar de ello, las comunidades de propietarios solo han adaptado el 0,6 por ciento de los edificios”, advierte.

Redes de colaboración entre vecinos

No son estos, en cualquier caso, los únicos factores relativos a la vivienda que afectan de forma directa a la salud de los inquilinos. En este sentido, Nasarre apunta a la necesidad de una mayor colaboración entre vecinos para atender especialmente a los mayores y a las personas con problemas mentales o de movilidad.

“No existe en nuestra normativa la obligación de que existan redes solidarias o de ayuda mutua como las que surgieron durante la pandemia del Covid-19 para la gente mayor que no podía salir de casa. Hasta 100.000 personas están encerradas en sus casas”, subraya el catedrático, que considera que este es un tema “difícil” que se debe trabajar con las administraciones de fincas.

Finalmente, Nasarre hace alusión al desgaste “físico y emocional” de las personas que habitan en “infraviviendas” (con más de 15 individuos en un mismo domicilio), así como a los ‘sintecho’. Afirma al respecto que las iniciativas que se han llevado a cabo en otros países demuestran “que es más útil que primero se les dé una casa y luego se les trate de los problemas que tengan, no al revés”.