Sanidad prepara una CIPM transparente con el reto de no vetar la innovación

Avanzar en transparencia ha sido siempre uno de los propósitos del Gobierno. Sin embargo, en ocasiones este objetivo puede interceder con otros planes. En el caso del Ministerio de Sanidad, uno de los conflictos en este sentido aparece a la hora de fijar los precios de los medicamentos para incluirlos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), para su financiación con cargo a fondos públicos.

Concretamente, la Asamblea Mundial de la Salud sacó adelante una resolución donde insistían en la "mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios". Desde Sanidad indican que "queda mucho por avanzar en ese camino". "Esto puede hacerse sin que eso repercuta de forma negativa en la capacidad negociadora de los países ni en las estrategias de negocio de las empresas farmacéuticas", explican en declaraciones a Redacción Médica. "Todo ello dentro de un marco de fomento de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y mejora de la salud de la población", añaden.

Este tema ha salido a debate tras los procesos judiciales acerca de revelar el coste de dos tratamientos. Con la llegada de la nueva Ley de Transparencia se reclamó al Ministerio de Sanidad conocer el precio de algunos medicamentos, a lo que se negó y los demandantes acudieron al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tras varias impugnaciones de estas decisiones, parece que el departamento de Mónica García estaría dispuesto a ceder. Tal y como han afirmado fuentes del Ministerio a este periódico, se están buscando fórmulas para lograr una mayor transparencia en estos procesos.

Cambio de posición respecto a los precios de fármacos

Por lo tanto, Sanidad podría estar cambiando el discurso que defendían hasta hace poco. De hecho, el año pasado se resguardaban diciendo que los precios de los medicamentos eran confidenciales "porque solo así España puede conseguirlos a un precio más ventajoso".

Según argumentaron en ese momento, el funcionamiento en nuestro país es similar al de otros estados miembros de Europa con un sistema de precios notificados donde coexisten dos precios: el notificado, que serviría para la referenciación internacional y que se aplicaría en la compra de medicamentos sin receta pública; y el de facturación (menor que el notificado) con condiciones más favorables pactadas para el medicamento que son de aplicación para la financiación pública.

Por ello, el Ministerio se amparaba en que romper la confidencialidad "implicaría una pérdida de capacidad negociadora y competitiva en precios que conllevaría un perjuicio para el interés público, como ocurre en el caso de estas resoluciones".

En esta misma línea, en el documento oficial del Gobierno de España donde se explica este procedimiento se hace énfasis en que "los precios de venta de los medicamentos, por su relevancia y potencial impacto sobre la salud pública y los sistemas sanitarios, están intervenidos, es decir, se fijan por el Estado y para su utilización en los centros sanitarios del sistema sanitario público se requiere una resolución expresa de inclusión en la prestación farmacéutica del SNS que así lo establezca".

"La financiación pública de los medicamentos en España es una competencia exclusiva del Estado, en concreto, el órgano competente para resolver la financiación o no financiación de los medicamentos es el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (Dgcyf). Esto obedece a la garantía de equidad en el acceso a los tratamientos en todo el territorio nacional", añaden.

Consecuencias en la industria farmacéutica

Por su parte, desde la industria farmacéutica consideran que esta mayor transparencia podría tener consecuencias negativas puesto que el precio que se conoce hoy en día no es real, ya que no incluye los descuentos o reembolsos negociados por las compañías y "preservar estas estrategias" sigue siendo necesario. Voces del sector creen que este ejercicio de hacer públicas determinadas informaciones podría darse la vuelta y "fastidiar" a más partes. "Si se conoce el precio del medicamento en un país, puede ser que en otro se acabe pagando más caro. O que las farmacéuticas decidan no comercializar en determinados territorios y que la innovación no entre", apuntan.

Se trata, sin duda, de un debate complejo y más teniendo en cuenta que cada país tiene sus propias normas y, en España se divide todavía más a nivel autonómico. Por lo tanto, estas fuentes indican que también es un tema europeo y que "dejar las cosas como están" sería la mejor opción. "Es difícil armonizar esto, habría que sentarse a hablar con Sanidad sobre cómo hacerlo", sostienen.