Exteriores del Ministerio de Sanidad.
La nueva comisión de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) tiene aún aspectos que pulir. Así lo consideran, al menos, numerosas voces del sector farmacéutico que plantean crear un 'evaluador' que garantice su eficacia. Tal como han trasladado a
Redacción Médica dichas fuentes, hace falta
establecer una serie de "
indicadores" para valorar su agilidad y su capacidad en la toma de decisiones.
La medida pretende evitar que la participación de todas las CCAA demore las decisiones sobre financiación
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El pasado mes de mayo, el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) presentó un nuevo
modelo para la Comisión. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, propuso que dejara de estar compuesta solo por representantes de 6 CCAA (
tres con derecho a voto y otras tres en calidad de oyentes), para que las 17 estuvieran representadas, 3 de ellas con capacidad de decisión.
"Con 17 personas, más los representantes ministeriales,
hay más posibilidades de que las decisiones acaben por retrasarse hasta la siguiente reunión", han comentado a este medio.
De ahí que planteen que "habría que hacer
balance, ver
cuántos expedientes se tramitan, cuántos no, cuánto se tarda en la gestión y el tiempo medio que se dedica". En resumidas cuentas, la nueva CIPM "
debería contar con una serie de indicadores para medir su efectividad", señalan las mismas fuentes.
Rol de las comunidades
Otro de los posibles inconvenientes en la nueva composición es que las CCAA han
cambiado el rol que mantenían dentro de la comisión. Antes, ejercían un
papel de representación, por lo que tenían que pensar y actuar desde un punto de vista general, que considerase todas las peculiaridades autonómicas. Ahora, sin embargo, se corre el riesgo de que cada una
vele solo por sus propios intereses y "explique sus problemas particulares
en lugar de atender a puntos de vista globales". O incluso "que se puedan hacer grupos desde la
perspectiva política" atendiendo a
fines partidistas.
Así, aunque las CCAA se hayan visto beneficiadas de esta nueva composición,
que también fue celebrada por el ministerio de Hacienda, la industria y los pacientes pueden verse afectados por los retrasos en la toma de decisiones. "D
ependemos de la agilidad de la CIPM", recuerdan.
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