![]() Manuel Llombart, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana. |
Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Nueva polémica en la Comunidad Valenciana, otra vez sobre los polémicos algoritmos de decisión terapéutica contenidos en el Decreto Ley 2/2013. Según una circular de la Consejería de Sanidad levantina a la que ha tenido acceso Redacción Médica, todas las acciones formativas que impliquen aspectos de tratamiento con medicamentos en centros de la región deberán ser comunicadas a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios con un mes de antelación. La cuestión es que el contenido solo será validado si se ajusta a los citados algoritmos.
La medida ha causado estupor dentro de la industria farmacéutica, según ha podido saber este diario. Fuentes del sector innovador advierten que la iniciativa les parece “una insensatez. Como mucho, lo que se pretende es limitar más aún la actividad comercial con los médicos, pero es ridículo que se haga de esta manera”. Pero más incomprensible les parece, si cabe, que “el único criterio vaya a ser el economicista, el del algoritmo”.
“La formación no tiene color, y ajustarla a un solo criterio, como el economicista, no tiene sentido. Es malo y pernicioso”, afirma el responsable de Relaciones Institucionales de un laboratorio europeo, que añade: “Si no fuera por la industria farmacéutica, no habría formación continuada para los sanitarios de este país”.
Otro directivo, esta vez de una compañía innovadora española, asegura que en todo caso “las opciones deberían de pasar por otro lado, y sentarnos a negociar, si lo que quieren es ahorrar más”. En cualquier caso, dicha fuente vaticina que “la medida se va a quedar en nada. No hay capacidad para controlar todas las actividades formativas que hacemos en la región, y no se ha decidido cuál y cómo va a ser el umbral que va a permitir aprobarlas. Como mucho van a conseguir que se retrasen iniciativas que tienen como fin formar al personal sanitario”.
A día de hoy, las actividades formativas ofertadas por la industria farmacéutica a los cuerpos sanitarios no son examinadas por ninguna instancia oficial o de la Administración, sino por los órganos de autocontrol de Farmaindustria, la patronal española del medicamento innovador. Con todo, las fuentes del sector reiteran que se trata de controles “muy estrictos”.