Bloqueos constantes de las autonomías a la financiación de fármacos en la comisión de precios

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Una de las medidas de política farmacéutica nacional más comentadas de los últimos tiempos ha sido la inclusión de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios de medicamentos. Dos puestos rotatorios con una duración de seis meses que tienen como fin que se facilite la aceptación de los precios aprobados en los sistemas sanitarios regionales, y cumplir así con la equidad en el acceso al medicamento en todos los territorios.

Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de Madrid; Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia; Elvira Sanz, presidenta de Farmaindustria, y Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Aunque en principio, la idea fue festajada y celebrada tanto por el Ministerio de Sanidad como por las propias autonomías, lo cierto es que, según explican fuentes del departamento y de la industria, al final se ha generado una nueva barrera, un nuevo bloqueo, a los medicamentos innovadores. Y dentro de la propia comisión interministerial.

“No dan el 'sí' para ningún producto, aunque cuente con el apoyo de los ministerios que participan en la comisión”, cuenta el director general de una compañía farmacéutica nacional que durante este año se ha tenido que enfrentar al dictamen de la comisiónm, y que en ningún momento se ha encontrado con una valoración positiva por parte de las autonomías. Una realidad que, según ha podido saber Redacción Médica, es común para la industria farmacéutica.

Un responsable de una multinacional europea concreta que la principal e insalvable reclamación es que el impacto presupuestario de los productos a financiar sea cero, o incluso negativo. ¿La razón? “Son los pagadores, y poder pagar las facturas es lo único que ahora mismo les preocupa”, dada la presión que están ejerciendo las consejerías de Hacienda.

“Siempre han demostrado una gran preocupación sobre todo por el impacto presupuestario y el aspecto económico, que es su función, pero no tanto por otros aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de aprobar un medicamento innovador, como la aportación de un laboratorio al PIB”, reconoce por su parte Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien admite que en este sentido no se ha ejercido la “pedagogía presupuestaria” necesaria en las regiones.

Sin embargo, un cargo del Ministerio de Sanidad consultado por este medio quita hierro a la situación. Considera que ciertas reclamaciones de las autonomías entran dentro de la lógica de que “son sus presupuestos los que tienen que cargar con el gasto que van a suponer las nuevas innovaciones”.

Más importancia

Por otro lado, las propias regiones han dejado claro en reiteradas ocasiones que quieren tener más importancia dentro de la comisión. Francisco Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de Madrid, es muy tajante al respecto: “Las comunidades autónomas tendríamos que participar más en la comisión de precios y nuestras consideraciones deberían tener más peso. El sistema es injusto y el precio tendría que fijarlo quien lo paga”. De hecho, para poder cubrir el alto coste de las innovaciones, reclama recursos extra y “revisar la forma en la que se financia la sanidad” en las regiones, una cuestión que considera que se tendría que abordar el Consejo Interterritorial.