Marcos Domínguez. Madrid
De un tiempo a esta parte, son varios los actores dentro del sector sanitario que están poniendo en duda la efectividad de los informes de posicionamiento terapéutico, más conocidos por sus siglas, IPT. Lo que en principio se veía como una herramienta que iba a aportar mucho valor sobre cómo usar un medicamento y homogeneizar la práctica clínica está acabando, por diversas razones, por verse como una evaluación del fármaco más en el camino, sin hacer valer su papel preponderante.
Esta es la principal crítica que sociedades científicas como las de Oncología Médica (SEOM) o la de Farmacia Hospitalaria (SEFH) han realizado. La solución que planteaban pasaba por hacer un informe realmente vinculante, algo que Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, aseguraba que así era. En la práctica, sin embargo, no ha evitado el proceso reevaluador de las autonomías.
Desde la posición de la industria farmacéutica (las fuentes consultadas por Redacción Médica han preferido no ser citadas), el IPT ha acabado por ser una barrera más, de las muchas que hay en la actualidad, para introducir un medicamento en el SNS. “Lo que aporta es más trabajo, no soluciones”, comenta una fuente de una biotecnológica encargada del proceso de acceso al mercado de los medicamentos. “Las comunidades autónomas no lo tienen en cuenta”, explica. Y es que, lejos de evitar las reevaluaciones por parte de comunidades (que no hay olvidar que éstas cuentan con representantes en el Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico, encargado de la tarea de elaborar los IPT), la herramienta se ha convertido en un paso previo y, cuando llega a las regiones, se produce un nuevo análisis, una nueva restricción de la población a la que va dirigida el fármaco.
Un compañero suyo va más allá: “Los IPT suponen un freno para que los procesos de aprobación de un fármaco avancen”. Al no evitar nuevas evaluaciones, los informes solo retrasan los procesos de fijación de precio y reembolso y, por tanto, la entrada de la innovación en el SNS.
El responsable de acceso al mercado de otro laboratorio ve el problema en que “no hay un procedimiento claro” que establezca el papel que juegan los IPT en los procesos de evaluación y aprobación de la financiación del fármaco. “Los publican según el ministerio lo ve conveniente, y a veces se envían al mismo tiempo a compañía y a la Dirección General de Farmacia, pero a veces no”.
Poca sintonía entre Aemps y ministerio
Es más, se puede aprobar la entrada al SNS de fármacos sin su IPT correspondiente. Para esta persona, la respuesta es clara: “Hace falta transparencia en el procedimiento de precio y financiación y definir con fechas sus etapas”. Si en teoría, el Grupo de Coordinación disponía de tres meses para elaborar el informe, la realidad es que se puede retrasar más de siete.
Esta fuente de la industria también achaca a algo más mundano la poca definición de la presencia del IPT en el proceso de fijación de la financiación de la innovación: la poca sintonía entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), de la que depende el Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico, y los responsables técnicos de la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Tras los cambios habidos en el ministerio, se muestra esperanzado aunque escéptico de que la cosa pueda cambiar y que el informe de posicionamiento terapéutico coja fuerza. “La filosofía del IPT es muy buena: encontrar a la población que más se beneficia de un medicamento”, considera. “Eso no es restricción, es definición”.
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