Sólo cuatro CCAA exigen un control externo del etiquetado energético de sus hospitales

Javier Barbado / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Pamplona
Tan solo cuatro comunidades autónomas, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, y Castilla-La Mancha, aplican un control externo de la auditoría de sus hospitales para expedirles certificados energéticos, por lo general en edificios de nueva construcción (los erigidos en los últimos cinco, tres o dos años, según el decreto que atañe a cada administración; salvo la primera autonomía, el resto no realiza esta inspección complementaria a los centros ya existentes). Y, además, hasta nueve regiones cobran una tasa por el mero hecho de registrar el etiquetado energético de un complejo asistencial.

La ingeniera industrial Ingrit Gómez.

De estas últimas, Castilla y León se revela como la que más dinero reclama por el certificado –86,93 euros– seguida de La Rioja –37,95 euros–, aunque otras como Cataluña y Comunidad Valenciana condicionan el cobro a la superficie del hospital etiquetado (cuanto mayor es, más tasa se ha de abonar).

Por otra parte, incluso las autonomías en que se aplica un control externo de los certificados de energía hospitalarios ponen trabas a la agilidad y efectividad con que se llevan a cabo, máxime si se repara en que, a menudo, la normativa de la Unión Europea y la del Estado exigen plazos muy cortos de tiempo para llevarlas a cabo. En esta situación, a menudo los responsables de las direcciones de gestión y compras de las administraciones se topan con los claroscuros de un procedimiento, el certificado en uso de la energía, todavía falto de cultura de implantación en España.

Así, no es raro que estos directivos no dispongan de referencias claras sobre el personal funcionario cualificado para emprender estas certificaciones, echen de menos centros de referencia que fijen las premisas exigidas para el etiquetado y la resolución de dudas, e incluso se topen con lagunas legales como el hecho de que las directrices comunitarias estén redactadas para aplicarse a un solo edificio: “En el caso de tener que certificar, por ejemplo, un complejo asistencial compuesto por siete hospitales, ¿deberían hacerse otras tantas certificaciones?”, se ha preguntado en voz alta la ingeniera industrial Ingrit Gómez, de la Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

Esta profesional ha mostrado estos datos al auditorio del XXXII Seminario-Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Ingeniería Hospitalaria (AEIH), que se ha celebrado a mediados de octubre en el Palacio Baluarte de Pamplona. Y, en ese contexto, ha insistido en la dificultad de cumplir con el Real Decreto 235 de marzo de 2013, el cual regula la certificación de todos los edificios estatales: “Los servicios sanitarios son, a su vez, administraciones, por lo que no hay plazo para sacar concursos (…); además, ha de formarse a los técnicos de la administración y definir qué se requiere [para merecer el certificado], no hay un mercado creado y predomina la indefinición de precios y de profesionales”, ha ratificado.

Fuente: ponencia de Ignacio Inda Caro. Eurocontrol, A3e, mayo de 2014.

Gómez también ha resaltado que, desde Osakidetza, se han sugerido otras fórmulas de certificación ya aplicadas en sus hospitales como el control de los consumos periódicos, el uso de energía mixta con elevado porcentaje de renovables, suministro de energías más limpias como biomasa, inversiones para reducir el consumo con tecnologías más eficientes y otras medidas para aumentar la eficiencia energética necesaria “y que en todos los edificios se debería buscar, perseguir y mantener”.

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