Insiste en seguir manteniendo la financiación pública basada en impuestos y en los principios de universalidad, igualdad y equidad, pero fomentando una financiación territorial equilibrada y homogénea



10 may. 2013 17:17H
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Redacción. Santander
La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) ha elaborado 25 recomendaciones, incluidas dentro del documento de ‘Compromiso Sedisa con la sostenibilidad y las reformas de los servicios sanitarios públicos’, que se han presentado en el marco de las Jornadas Sedisa Gestión Sanitaria, que bajo el título "La gestión en tiempos de incertidumbre: Un espacio para la inspiración", que se han celebrado en Santander.

Carlos Arenas, director gerente del Departamento de Orihuela (Alicante) y vocal de la junta de Sedisa; Joaquín Estévez, presidente de Sedisa; y César Pascual. vicepresidente de Sedisa y director gerente del Hospital de Valdecilla.

“El actual escenario de  escasez de recursos y la necesidad de invertir más en desarrollo que en asistencia, plantea la necesidad urgente de movilizar otros recursos que, hoy por hoy, no sabemos de dónde pueden proceder”, reconoce César Pascual, vicepresidente de Sedisa y director gerente del Hospital de Valdecilla, en Santander.  “La premisa de la máxima eficiencia es un imperativo ético que debe impregnar a toda la organización sanitaria, desde los directivos al personal de base”, añade.

Para conseguir esa eficiencia, el documento elaborado por Sedisa apuesta por ajustar la estructura (plantillas y centros) como ya lo están haciendo las comunidades autónomas, y por actuar sobre los procesos para conseguir la eficiencia de los mismos, ya que además de mejorar ahorrando costes y eliminando procesos innecesarios, también aporta valor añadido mejorando la calidad de la atención y la seguridad del paciente. 

Con el fin de estimular de forma directa la eficiencia, de manera que pase a ser un ejercicio de autorresponsabilidad de las profesiones, es imprescindible trasferir el riesgo financiero a los mismos. Por ello, el informe insta a seguir avanzando en la externalización basada en presupuestos per capita. Así, aunque la administración pública garantice la financiación, la provisión debe ponerse en manos de los que sean capaces de ser más eficientes, ya sea una empresa pública, una fundación, una concesión administrativa o una cooperativa de profesionales. “Es tarea de todos mejorar el sistema y hacerlo más sostenible a medio y largo plazo. Todos podemos poner un grano de arena para mejorar la gestión y para ello, ahora más que nunca, necesitamos un gobierno del Sistema Sanitario de expertos”, argumenta Joaquín Estévez, presidente de Sedisa.

Asimismo, para implicar a los profesionales en la mejora de los procesos y conseguir la máxima eficiencia, ésta debe introducirse como uno de los valores primordiales durante su formación y como compromiso ético con la sociedad para poder mantener la calidad, seguridad y equidad del sistema. “Debemos establecer un marco de relación que mejore la productividad de los profesionales, dado que existe una gran diferencia en el nivel de rendimiento entre distintos centros lo que deja claro que aún hay margen de mejora. Asimismo, debemos introducir sistemas de incentivación que mejoren sus condiciones actuales vinculados a la consecución de objetivos asistenciales, no asistenciales y también económicos, que deberían representar entre un 20-30 por ciento del salario”, reconoce el presidente de Sedisa. 

Otro aspecto clave es introducir medidas para flexibilizar el actual modelo de relación laboral de las organizaciones con los trabajadores sanitarios. Para Sedisa, el personal de nueva incorporación debería regirse por el régimen de derecho laboral privado para poder flexibilizar la remuneración según la valía profesional y la productividad, introducir el trabajo por objetivos y para poder ajustar la atención sanitaria a las necesidades asistenciales de la población. Respecto al personal estatutario y funcionario, que representa en la actualidad la mayoría del personal del sistema, deberían de modificarse sus estatutos para que la seguridad del puesto de trabajo no prime sobre la obligación de ofrecer un servicio público excelente y productivo a la población.

Uno de los puntos clave en el debate sobre la reforma del sistema es el modelo de financiación. Conscientes de que el gasto sanitario en los países industrializados tiende a crecer en cualquier período pero más en una situación de crisis económica como la actual, que está generando una enorme tensión presupuestaria en las economías de los gobiernos regionales, Sedisa insiste en sus recomendaciones en seguir manteniendo la financiación pública basada en impuestos y  en los principios de universalidad, igualdad y equidad, pero fomentando una financiación territorial equilibrada y homogénea.

“Para conseguir esa eficiencia habría que estudiar la posibilidad de pagos directos del usuario consensuados en todo el Sistema Nacional de Salud”, explica Joaquín Estévez. En este sentido, reconociendo su postura contraria al copago, ya que podría quebrar el principio de igualdad puesto que a mayor carga de enfermedad deberían pagar más por necesitar más servicios, el presidente de la Sociedad sí cree trascendental gravar con un “ticket” moderador la frecuentación innecesaria y el uso abusivo de los recursos (asistencia a urgencias, consultas innecesarias, etcétera.), y también pagar por los servicios que no son estrictamente sanitarios y que el paciente abonaría igualmente estando en su casa, como es la alimentación y la hostelería, así como penalizar la “hiperfrecuentación”.

Por esta razón y para tener consenso en medidas que pudieran ser polémicas o malentendidas por la ciudadanía, desde Sedisa se hace hincapié en la necesidad de favorecer la consecución de un pacto de Estado por la Sanidad, de manera que deje de ser materia electoralista y de desgaste político y pase a ser una materia técnica. “Estamos ante la ineludible y urgente necesidad de realizar un ejercicio de política responsable, que nos corresponde a todos, pero que tiene unos responsables que no pueden seguir ocultándose. De seguir con la tendencia actual, en un futuro no muy lejano nos veremos abocados a un colapso de un sistema sanitario público del que los españoles estamos razonablemente orgullosos”, opina César Pascual.

En el ámbito farmacéutico, el documento de Sedisa anima a estimular la formación en coste-eficiencia y coste-beneficio de los distintos tratamientos disponibles para el profesional responsable de la prescripción y transferir parte del riesgo financiero al mismo a través de incentivos o a través de presupuestos clínicos, incentivando los ahorros y la buena praxis. La prescripción pública debe ser sólo del fármaco más eficiencia según la evidencia y la dispensación del equivalente más barato. “Probablemente los ajustes en el precio tengan ya escaso o nulo recorrido, pero sí que podemos seguir mejorando algunos aspectos en las compras orientados a garantizar una revisión periódica de los precios. En paralelo deberíamos ser capaces de lograr acuerdos con la industria para en aquellos medicamentos o productos sanitarios que puedan ser considerados de interés social determinar topes en los márgenes de beneficios.

De hecho ya existen experiencias de responsabilidad social empresarial encaminadas en ese sentido”, propone César Pascual. Otro de los retos a corto plazo para garantizar la eficacia del sistema es reorientar el sistema sanitario hacia la cronicidad, enfocándose en la atención a crónicos y avanzando en el abandono progresivo del hospitalocentrismo e impulsando alternativas más eficientes respecto a la hospitalización tradicional, como la ambulatorización quirúrgica y el aumento de la capacidad de acción de la hospitalización a domicilio. “La prevención y la promoción de la salud deben integrarse mucho más en los servicios sanitarios asistenciales, desde el primer nivel asistencial hasta la atención especializada”.
 

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