La UE cuestiona la libre competencia hospitalaria

Javier Barbado. Madrid
La competencia entre hospitales (por ejemplo, comparándose entre sí a partir de resultados de salud y del índice de mortalidad de sus servicios) no se correlaciona con una mayor equidad de acceso a los sistemas sanitarios públicos, lo cual apunta a que las políticas liberales no siempre mejoran el funcionamiento de las prestaciones asistenciales, según concluye la Comisión Europea en un informe al respecto cuya versión definitiva acaba de publicarse.

Fernando Lamata, del panel de expertos.

Entre los autores del documento y miembros del panel de expertos comunitario se encuentran el exconsejero autonómico de Sanidad en Castilla La-Mancha Fernano Lamata, Pedro Barros, Margaret Barry, Helmut Brand, Werner Brouwer, Jan De Maeseneer (presidente), Bengt Jönsson (vicepresidente), Lasse Lehtonen, Dorjan Marušič, Martin McKee, Walter Ricciardi y Sarah Thomson.

Estos especialistas advierten, en todo caso, de que esa realidad se ha comprobado en la sanidad británica y en su National Health Service, por lo que no debe extrapolarse a otros servicios de salud como conclusión inequívoca.

Al mismo tiempo, ahondan en la cautela con que debe implantarse el libre mercado entre los proveedores de cualquier sistema de salud, pues no resulta posible mejorarlo en aspectos como su eficiencia sin merma de otras funciones (por ejemplo, su equidad en el acceso).

A lo largo del estudio, se insiste en que la libre competencia o economía de mercado aplicada a los servicios nacionales de salud debe verse como “un instrumento para ordenar las decisiones de uso de los recursos” que conduce a mejorar la eficiencia, en particular la económica.

Acto seguido, se dedican muchos puntos a aclarar que las condiciones de competencia aplicadas a la sanidad varían mucho en función de cada país e incluso de cada subsistema dentro de una misma nación; tampoco se comportan igual, en ese sentido –precisa el informe–, los servicios clínicos respecto a los no asistenciales, y se subraya con claridad que no existe “ninguna teoría económica ni evidencia empírica que concluyan que la libre competencia entre proveedores debe implantarse en todos los sistemas de salud”.

En España solo ‘se salva’ la farmacia

El caso español merece la atención del informe a la hora de ensalzar sus logros en el mercado farmacéutico, del que destaca la creación de una central de compras regulada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) así como el uso de medicamentos genéricos u otros métodos para mejorar las ofertas de los precios.

Pero el grueso de las contrataciones de la sanidad española (toda clase de productos sanitarios salvo los de índole farmacéutica) adolece de importantes fallos que se encuadran en lo que, en otro punto del informe, se define como un sistema de salud con más intervención del Estado que los de otros países europeos.

Entre esos deslices, se subraya lo “inapropiado” del diseño y tamaño de los lotes de productos que se licitan, la ausencia de información completa (“principalmente la que tiene implicaciones financieras”), la “insuficiente” calidad de los mecanismos de control de las compras y de la facturación entre centros y la falta de transparencia en los contratos por parte de las autoridades.

Como ejemplo que avala el diagnóstico, se citan algunos datos correspondientes al año 2013, como el hecho de que, de 19 contratos que incluían servicios médicos, solo en cuatro se presentó más de una oferta; o que, en 24 de un total de 38 contratos, hubo cambios significativos en las condiciones después de producirse la concesión.

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