El RD de gestión clínica será revisado por Hacienda

David García. Madrid
Nuevo revés para los plazos que se manejan en la aprobación del Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las Unidades de Gestión Clínica en el ámbito de los Servicios de Salud. Según ha podido saber Redacción Médica a través de fuentes cercanas al proceso, el texto deberá pasar un trámite más para su aprobación: el Ministerio de Hacienda.

Los ministros Alonso y Montoro.

El departamento que encabeza Cristóbal Montoro deberá analizar los pormenores del real decreto para valorar si supone un gasto para las arcas públicas o no. Aunque el texto indica en el apartado del impacto presupuestario que “la norma no supone ningún impacto presupuestario  para la Administración General del Estado” y que “no tiene, por si misma, impacto presupuestario en las comunidades autónomas”, según las mismas fuentes consultadas, Hacienda estaría preocupada por aspectos como los incentivos a los profesionales, que podrían suponer un incremento de los gastos.

Además, el dictamen de Hacienda, en función de su resultado, podría hacer modificar el texto actual para satisfacer así las demandas del departamento de Montoro.

Este trámite no está reñido con el envío del proyecto al Consejo de Estado, otro de los filtros que tiene que pasar la norma y que, según el Ministerio de Sanidad, era inminente.

Los plazos se vuelven a alargar para un desarrollo normativo que al principio se iba a aprobar junto al de prescripción enfermera (iban al mismo ritmo) pero el segundo ya tiene la ‘bendición’ del Consejo de Estado y simplemente bastaría con la rúbrica del Consejo de Ministros, mientras el primero todavía no ha sido enviado al órgano consultivo.

Aun con todo, las entidades involucradas en el proyecto siguen confiando en la palabra que el ministro Alonso les dio: el real decrero se aprobará antes del final de la legislatura.

Sin embargo, el tiempo se agota ya que antes de noviembre se van a disolver las Cámaras y el texto ni siquiera ha pasado por el Consejo de Estado.

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