La reforma del modelo de formación enfrenta a Gobierno y patronales

Enrique Pita. Madrid
Nueve patronales sectoriales, entre las que se cuentan la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) y la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), quieren que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) defienda ante el Gobierno el actual modelo de formación continua de los trabajadores ante los cambios en el Sistema de la Formación Profesional para el Empleo que prepara el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que, según ha resaltado la FED en un comunicado de prensa, podrían suponer que las organizaciones empresariales dejaran de ser las encargadas de desarrollar la formación que permita mejorar la cualificación de sus trabajadores.

Alberto Echevarría, presidente de la FED.

Sin embargo, no está claro qué cambios reales son los que se van abordar. Según ha reconocido el presidente de la FED, Alberto Echevarría, a Redacción Médica, desde el Ministerio de Empleo se insiste en la necesidad de la reforma del sistema de formación, pero sin concretar cómo ni los criterios en que se basa. Así, parece que hay varias ideas sobre la mesa, como  un aumento de la dotación económica de la Formación Bonificada o el desarrollo de un ‘cheque formación’ para uso de los trabajadores, pasando por la posible creación de unos entes sectoriales de gestión de la formación. Pero lo cierto es que las patronales “no conocen ningún documento de propuestas concreto”. Así las cosas, según Echevarría lo más grave es precisamente el desconocimiento, que aparece rodeado de rumores y especulaciones sobre las intenciones del Gobierno.

En este sentido, Echevarría, tras recalcar que ante todo se oponen a que el Gobierno sea de forma unilateral quien decida la reforma sin contar con quien paga las cuotas, ha señalado que las patronales se muestran contrarias a quedar fuera del estudio de necesidades formativas, de la planificación, gestión y ejecución de las acciones de formación, “bien sea en ámbitos sectoriales como en ámbitos territoriales”.

El destino de la cuota de formación

Detrás de este conflicto subyace además otro problema: el destino de los fondos de la cuota de formación profesional (0,7 por ciento) que aportan empresarios (0,6 por ciento) y trabajadores (0,1 por ciento) a través de la Base de Cotización. Estos fondos son finalistas y deben ir dirigidos a la formación de trabajadores en activo; sin embargo, en los últimos años parte de este capital se ha destinado a programas autonómicos de formación de desempleados, siendo detraído de las cotizaciones de empresarios y trabajadores.

En este punto Echevarría recuerda que existen siete sentencias del Tribunal Constitucional dictadas en 2013 que reiteran “que los fondos de formación que se recaudan vía cuotas de la Seguridad Social solo puedan ser dedicados a la formación de profesionales ocupados”, lo que excluye la posibilidad de dedicarlos a otras políticas de empleo. “Pese a las sentencias del Constitucional, en 2013 el Gobierno ha seguido con su política y ha incumplido dichas sentencias”, ha lamentado Echevarría.
 
Así, y ante esta situación, las patronales sectoriales se han mostrado inquietas y han solicitado a la CEOE que medie ante el Gobierno de Mariano Rajoy y defienda el actual modelo que se articula a través de la Fundación Tripartita, integrada por organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CIG) y empresariales (CEOE, Cepyme) y la Administración General del Estado. Las nueve patronales sectoriales defienden que son precisamente las organizaciones empresariales quienes mejor pueden detectar las necesidades de formación de sus trabajadores y poner en marcha las actividades necesarias para solventarlas.