La legislación actual abre “montones de dudas que no quedan resueltas”



4 sept. 2014 18:17H
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Redacción. Santander
El vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Julio Sánchez Fierro, se ha mostrado a favor de que se establezca una normativa “estable y clara” para delimitar los servicios sociales que ofrecen las farmacias comunitarias a los pacientes. Según ha lamentado, en el establecimiento de una cartera básica común “se ha hablado demasiado poco” de la parte jurídica, por lo que ha pedido un marco regulatorio “específico”.

Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad.

En su intervención final en el encuentro ‘El espacio sociosanitario y los nuevos servicios de la farmacia comunitaria’ que se ha clausurado este jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Sánchez Fierro ha comentado que, pese a que en la Ley 16/1997 se habla “expresamente” de la actividad farmacéutica, “hay montones de dudas que no quedan resueltas”.

“Habría que preguntarse cómo podría ser ese marco regulatorio para saber si se va en la buena dirección” porque es necesario que todos los agentes sanitarios estén “tranquilos” en cuanto a la legalidad y la legitimidad de los servicios que prestan. “Sin esto, ya no estamos solo ante un problema económico, sino que evidentemente antes de plantearse la rentabilidad, hay que saber qué se puede hacer y cómo se puede hacer”, ha explicado.

Este marco regulatorio sería la siguiente etapa necesaria tras la fase inicial, en la que las actividades aparecen “dispersas” pero que “luego se protocolizan y homologan”, con los farmacéuticos “que se acreditan o no”. Por lo tanto, Sánchez Fierro ha pedido esta normativa “si se quiere avanzar con seguridad en el conjunto de la actividad profesional farmacéutica”, lo que, en su opinión, “debería exigir un doble consenso”, entre los propios Colegios Oficiales de Farmacéuticos y con las Administraciones Públicas, “lo mejor definido posible”.

En su opinión, los acuerdos internos y externos suponen que “no hay seguridad jurídica” y son “insuficiente”, al tiempo que ha remarcado que en el caso de los segundos, “son generales” y “quedan montones de cosas sin ningún referente normativo”. Así, Sánchez Fierro ha comentado que “es importante que existan unos parámetros comunes” en el proceso de consenso con las comunidades autónoma y las autoridades, que favorezcan que haya un “horizonte definido”.

“Cuando hay que regular muchas cosas, hay que ser ambiciosos, pero al mismo tiempo realistas. No podemos pretender que de la noche a la mañana cabe regular todo, pero tiene que haber una hoja de ruta y los temas que en una carencia tienen que estar claramente regulados”, ha manifestado.

Sánchez Fierro también ha recordado que las farmacias comunitarias “atiende cada día a un gran número de personas mayores dependientes y muchos polimedicados” y que esta situación “aumentará con el mayor envejecimiento de la población”.

Finalmente, ha expuesto una lista de 20 temas que, en su opinión, deben estar regulados, como las características de la cartera de servicios sociales comunes en todo el país, la definición de los procedimientos de inclusión y actualización de dichos servicios, el tipo de impuestos que se les va a aplicar y, de todos los servicios, cuáles serían “básicos” y cuáles “voluntarios”. “Hay un trabajo por hacer que no puede ser divertimento de juristas. Tiene que haber sentido de colaboración máxima dentro de toda la profesión, de tal manera que sería verdaderamente muy malo para las oficinas de farmacia y todo el sector que cada uno fuera por su lado”, ha concluido.

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