El decreto-ley valenciano, difícil de interpretar y de llevar a la práctica

María Teresa Guardiola, presidenta del COF de Valencia.

Redacción. Valencia
El Decreto-ley de la Comunidad Valenciana por el que se pretende modificar el sistema de concertación con las farmacias para la dispensación de los medicamentos financiados públicamente, no sólo ha generado preocupación entre los profesionales de las farmacias sino que, desde el punto de vista jurídico, les resulta difícil de interpretar e, incluso, de llevar a la práctica. De hecho, consideran que ilegal e incostitucional.

Así se puso de manifiesto en la mesa redonda que, en las Jornadas Farmacéuticas Valencianas, se desarrolló este jueves en Valencia con el fin de que analizaran desde el punto de vista jurídico el Decreto-Ley 2/2013, de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica.

Según un comunicado de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos (COF), los ponentes están de acuerdo con el fin del susodicho decreto es “imponer un nuevo concierto a las farmacias en condiciones económicas favorables para la Administración, en un momento en que sus finanzas se están resintiendo hasta el punto de que, en este momento, todavía adeudan tres meses y medio de abono a las farmacias valencianas por los medicamentos dispensados con cargo a fondos públicos”.

Injusto e innecesario

En su intervención, María Teresa Guardiola, la presidenta del COF de Valencia y del Consejo Autonómico de Colegios, después de haber calificado de injusto e innecesario el Decreto Ley, y que además llegaba cuando el problema de los impagos estaba en vías de solución, trató de responder de por qué se hacía esto a Valencia, dando a entender que no era un planteamiento aislado en la actual política general de sanidad. La respuesta, reiterada a lo largo de su intervención, era porque se pretendía generar la desunión entre los farmacéuticos en un momento en que están más unidos que nunca, como se había puesto de relieve a lo largo de las reclamaciones de los pagos por los medicamentos dispensados con recetas del Seguro.

De todos modos, y ante la actual situación creada, María Teresa Guardiola se pronunció a favor de convivir con un decreto que calificó de ilegal, al tiempo que, en paralelo, se abre la vía de negociación para un nuevo concierto, que es lo que toca. Eso sí, con una serie de líneas rojas bien definidas (el pago de la deuda pendiente, la negociación de un concierto para todas las farmacias, la negativa al suministro a domicilio y el rechazo a la dispensación de medicamentos en centros de salud).