El CES no ve “razonable” que a igualdad de precio se priorice el genérico sobre la marca

Marcos Peña, presidente del CES.

Redacción. Madrid
A petición del Ministerio de Sanidad, el Consejo Económico y Social (CES) ha analizado el Anteproyecto de Ley sobre Farmacovigilancia. Sobre él, ha emitido en su dictamen una valoración positiva sobre texto, pero con matices, y uno de ellos poco tiene que ver con la iniciativa en sí misma: El Consejo indica que "no parece razonable" que en igualdad de precios el farmacéutico esté obligado a dispensar un medicamento genérico, una de las principales reclamaciones de la industria de los EFG finalmente hecha realidad

Este órgano consultivo reconoce que en diversos dictámenes se han mostrado a favor de introducir políticas que fomenten el uso de estos fármacos. Sin embargo, apunta que en este caso, cuando hay igualdad de precio, puede "abrirse la sustitución también a otras opciones de marca que no superen dicho precio".

Además, advierte de que la toma de decisiones económicas que afectan a un bien de primera necesidad estrechamente vinculado a la salud, como el medicamento, deben estar presididas "en todo caso por argumentaciones y justificaciones de naturaleza humana".

Por lo demás, y en líneas generales, el CES considera que la trasposición llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad se ajusta adecuadamente al contenido de las directivas europeas sobre farmacovigilancia y prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. De hecho, la regulación es "bien acogida" por el Consejo al entender que "profundiza en el control de la calidad y la seguridad en la fabricación y el suministro de los medicamentos, que "pueden entrañar riesgos para la salud derivados de comportamientos irresponsables de los consumidores, pero también pueden relacionarse con la calidad de los productos".

Además, valora positivamente el anteproyecto ante los casos de entrada en el canal de suministro legal de medicamentos falsos en otros países, que han revelado la urgencia de regular su prevención de manera armonizada.

Aumento de gasto

Sin embargo, el CES considera que no parece realista la pretensión del departamento que dirige Ana Mato de no incrementar el gasto presupuestario a pesar de la necesidad de un mayor control administrativo.

Por eso, según expone, "sería recomendable revisar las previsiones económicas y organizativas vinculadas a la aplicación de la norma a fin de procurar que los procedimientos se resuelvan eficazmente".

Por otro lado, este organismo califica de positivo la extensión a algunos procedimientos que permiten el silencio administrativo, aunque considera que deben ser excepcionales. Respecto al régimen sancionador, el dictamen lo valora como adecuado a los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad y resalta que se haya incluido todo en una única norma, actualmente disperso en varios textos legales.

Texto refundado

En esta misma línea, el dictamen considera que las sucesivas reformas legales conducen a una Ley del medicamento que "cada vez tiene menos que ver" con el texto aprobado en 2006, lo que actúa en detrimento del principio de seguridad jurídica.

Por este motivo, el CES solicita un Texto refundido eventual, y considera que la claridad, coherencia y continuidad de los principios que informan la política del uso racional del medicamento deberían plasmarse en una mayor estabilidad de su marco regulador.

Respecto a la regulación de la venta por Internet, que queda pospuesto a un ulterior desarrollo legislativo, el CES solicita diligencia en tal desarrollo, procurando que contemple todas las garantías necesarias y proporcione un marco formativo seguro.