21 abr. 2014 11:57H
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Marcos Domínguez. Madrid
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente al Colegio de Farmacéuticos de Madrid por presunta vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia al haber mandado varias cartas a sus colegiados en las que se alertaba sobre la actividad de la empresa de distribución Yofarma.
Esta empresa se dedica a la mensajería de medicamentos y productos sanitarios a domicilio y ha denunciado que, desde su constitución en 2011, ha sido objeto de persecución por parte del Colegio, que envió una carta advirtiendo de que la adherencia de la oficina de farmacia al esquema de distribución de medicamentos de la empresa podría generarle “algún problema legal”, además de tener que pagar “una elevada cantidad económica a modo de cuota de suscripción”.
En una segunda carta se informaba de que la presidenta del consejo de administración de Yofarma ejercía como directora técnica de una oficina de farmacia de la comunidad, lo que podría contravenir la Ley de Garantía y Uso Racional de Medicamentos. También contravendría dicha ley “vender medicamentos o productos sanitarios a domicilio o a través de Internet o de otros medios telemáticos o indirectos, en contra de lo previsto en esta ley”.
Adopción de medidas cautelares
La empresa denunció esta ‘persecución’ al Servicio de Defensa de la Competencia de la Dirección General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que elevó al CNMC un informe sobre el caso. Este ha establecido la incoación del expediente y la adopción de medidas cautelares, consistentes en la publicación en la portada de la web del Colegio, durante un mínimo de 15 días, del inicio de la actuación legal, y en la prohibición para dicho organismo de “la transmisión de mensajes que tengan como contenido la supuesta ilegalidad o alegalidad de la actividad del denunciante”.
Yofarma también ha denunciado este 'acoso' por parte del área de Inspección Farmacéutica de Madrid, con la imposición de una sanción por estimar vulnerada la independencia del cargo de directora técnica de una oficina de farmacia al ser a su vez presidenta del consejo de administración de la empresa, resolución que está actualmente recurrida.
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