Redacción. Sevilla
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado contra el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla que se pronunció a favor del Servicio Andaluz de Salud y no consideró la suspensión de la cuarta convocatoria de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
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El recurso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad perseguía la nulidad de la Resolución de 31 de marzo del director gerente del SAS que regulaba esta cuarta convocatoria por entender que “se incurre en flagrante violación de la legalidad e invade competencias estatales”. Si bien, el TSJA establece que el recurso de la Abogacía del Estado no aclara las razones por las que la Junta de Andalucía incumple con la legalidad y, de hecho, establece que “la normativa analizada salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas para adoptar medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios”.
En este sentido, el pronunciamiento del TSJA subraya que “no se establece sobre este punto una reserva a favor del Estado” e incluso insiste en que el modelo de la Junta de Andalucía responde a “la falta de medidas de homogeneización adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud”.
Por tanto, para el TSJA, “no cabe afirmar que la Junta de Andalucía ha obrado en extralimitación competencial, justamente porque la normativa estatal reserva a las comunidades autónomas competencias en materia de racionalización”.
El Ministerio de Sanidad ya había recurrido las tres convocatorias anteriores a esta ante el Tribunal Constitucional que suspendió temporalmente su desarrollo pero finalmente levantó dicha suspensión al entender que “las administraciones públicas con competencia en la materia tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público favoreciendo el uso racional de los medicamentos e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito”.
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