Las facultades sanitarias esquivan el nuevo coto a la temporalidad docente

En su afán por endurecer los requisitos para crear nuevas universidades privadas, el Gobierno también quiere paliar la temporalidad laboral del profesorado. En el Proyecto de Real Decreto ad hoc, cuya tramitación con urgencia fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que se ha publicado este miércoles, se reduce del 40 por ciento actual al 8 por ciento el peso máximo del personal docente e investigador con contrato laboral temporal sobre la plantilla total de profesores. Sin embargo, en ese porcentaje no se computará al profesorado asociado de Ciencias de la Salud.

En el caso de la Medicina, las facultades del ramo lamentan desde hace años un déficit de profesorado, en general, y de docentes con titulación médica y que ejerzan la Medicina, en particular. En 2021, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina calculó que la mitad de los profesores de los grados de Medicina en España no eran médicos. El proyecto de Real Decreto para modificar los criterios de creación de nuevas universidades se someterá a audiencia pública a partir de este jueves. En el caso de que se apruebe en los términos actuales, la norma no limitará la opción de que los facultativos ejerzan la docencia universitaria.

En línea con su política contra la precariedad en la docencia universitaria, el pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó una primera inversión de 46 millones de euros para financiar el programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas, uno de cuyos objetivos es reducir la temporalidad del profesorado en las universidades, que afecta a uno de cada dos docentes. La dotación total del proyecto se eleva a los 150 millones de euros anuales, con los que se busca cubrir seis años de contrato para 3.400 plazas de profesor ayudante doctor.

Oferta de títulos con presencia de Ciencias de la Salud

Otra de las novedades que aporta el proyecto de Real Decreto impulsado desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es la obligación de que, en la oferta de títulos de grados, másteres y doctorados de cada institución universitaria, estén representadas, “como mínimo”, tres de las cinco “grandes ramas del conocimiento”, entre estas, la Ciencias de la Salud. El resto son Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Arquitectura.

El Gobierno quiere que la nueva norma entre en vigor “lo antes posible”, previsiblemente en mayo. El objetivo, en resumen, es “reforzar las exigencias para garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, sean proyectos de calidad y sostenibles”, para, así, “garantizar la calidad global de los centros universitarios, indistintamente de si las universidades son públicas o privadas”, según se anunció desde el Ministerio de Ciencia y Universidades.

Entre otras cosas, además de lo ya apuntado, se exigirá un informe de evaluación vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria, que ya se exige en la actualidad. Por otro lado, será obligatorio que, en sus primeros cinco años de ejercicio, las universidades cuenten con una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes.

Facultades de Ciencias de la Salud en el punto de mira

Una de las universidades en proceso de constitución que están en el punto de mira son la Europea de Extremadura, que prevé instalarse en Cáceres con una facultad de Ciencias de la Salud con grados de Medicina, Enfermería, Farmacia, Odontología y Nutrición, entre otros. También la Universidad de Mallorca, que será, en principio, la primera privada de Baleares a partir del curso 2025-2026 con el grado de Medicina. En el caso de la -posible- futura Universidad Europea de Asturias y la Universidad Abierta de Extremadura, está previsto que cuenten con un grado de Enfermería y uno de Psicología, respectivamente.