El Defensor del Pueblo investiga irregularidades en el acceso a Medicina

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación acerca de las presuntas irregularidades en el proceso de admisión para estudiar el grado de Medicina en universidades españolas. Por el momento, mantiene abierta una queja de oficio sobre este asunto que está en fase de tramitación. En concreto, el estudio del caso se está llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y se ha solicitado información al Ministerio de Universidades.

Redacción Médica accede a la notificación enviada por el Defensor del Pueblo en la que informa a los afectados del inicio de la investigación. En el escrito, la institución reconoce que “desde hace más de una década se reciben de forma intermitente quejas en las que también se hace referencia a las dificultades que en cada inicio de curso académico” se producen en los procesos de admisión de los estudiantes a las universidades públicas españolas para la realización de estudios del Grado de Medicina, “especialmente por ser muchos los aspirantes que permanecen apuntados en las listas de espera durante meses para acceder a estos estudios”.

El Defensor del Pueblo entiende que esta situación supone que los estudiantes continúen en “situación de incertidumbre” en fechas en las que en unas universidades está concluido el periodo de matrícula e incluso comenzado el curso académico. Además, en otras continúan produciéndose bajas y altas, dada la gran cantidad de estudiantes que desde hace varios años solicitan plaza para iniciar estas enseñanzas en numerosas universidades simultáneamente, “de conformidad con el actual sistema de acceso a la universidad”.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y confiere a las universidades la facultad de establecer los procedimientos de admisión, y a la Conferencia General de Política Universitaria “velar por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas universidades”.

Esta norma señala, además, que “ninguna universidad pública podrá dejar plazas vacantes previamente ofertadas mientras existan solicitudes para ellas, lo que obliga a hacer continuas y sucesivas llamadas a los aspirantes en lista de espera hasta que se cubren todas las plazas”.

En su escrito, el Defensor del Pueblo sostiene que, del mismo modo, todo ello lleva a producir “la incorporación tardía de los alumnos a las clases en un elevado porcentaje de casos”, cuando ya se encuentra avanzado el curso académico, así como otras consecuencias desfavorables, “no solo para los estudiantes, sino también para los centros universitarios”.

Estas dificultades originaron en el pasado la realización de diversas actuaciones por parte del Defensor del Pueblo, y la adopción de medidas por los ministerios implicados, “algunas de las cuales no culminaron su puesta en práctica y, por tanto, continúan produciéndose estas situaciones al comienzo de cada curso académico”.