Redacción. Barcelona
Cataluña se confirma como la sexta comunidad autónoma que presenta un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de la dispensación de fármacos y productos sanitarios por parte del personal de Enfermería. Entre sus argumentos, el Govern afirma que "limita" la capacidad de este colectivo y "contraviene" su labor.
Neus Munté.
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Por ello, pide la suspensión cautelar de la medida, ya que exige una acreditación para ejercer la indicación autónoma de fármacos. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno de la Generalitat, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo em la que se ha dado luz verde a la medida.
Decreto propio
El objetivo del Govern es "sacar adelante un decreto que regule esta cuestión sin injerencias del Ministerio de Sanidad”, y de acuerdo con los colegios profesionales de enfermeras y médicos.
"El decreto catalán contará con toda la cobertura jurídica necesaria", ha afirmado Munté, que ha especificado que defenderá a todos los colectivos que forman parte de un sistema sanitario reconocido internacionalmente.
Preguntada por la posición del Colegio de Médicos, la portavoz ha destacado la "buena voluntad y capacidad de diálogo" que tiene tanto con el Govern como con el colegio de enfermeros, con quienes se reúne puntualmente.
Cinco comunidades contra la prescripción y una pendiente
Además de Cataluña, otras cinco comunidades autónomas ya han anunciado que plantearán el recurso ante el Tribunal Supremo: Baleares, Extremadura, Canarias, Cantabria y País Vasco. Esta última anunció este martes que autorizaba la medida argumentando que el RD “contradice la práctica habitual, la coordinación entre profesionales de Medicina y Enfermería, y plantea problemas de seguridad jurídica”.
En la misma línea se encuentran las demás comunidades autónomas, que ya han anunciado a lo largo de las últimas semanas que habían autorizado a sus respectivas abogacías a interponer el recurso.
Por otro lado, Aragón ha anunciado que "ha solicitado ya oficialmente a los servicios jurídicos" de la comunidad "que valoren presentar" la petición de paralización cautelar.
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