Una "tasa adicional" salva al relevista del agujero de temporalidad del SNS

El Ministerio de Función Pública se ha comprometido este lunes con CCOO y UGT a implantar “una tasa adicional” para asegurar que el personal laboral de la sanidad pública pueda acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo a partir del 1 de abril, cuando entrará en vigor el acuerdo alcanzado al respecto por la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social en julio. Es una propuesta que parte de las propias fuerzas sindicales, tal y como avanzó Redacción Médica en febrero, para evitar nuevos riesgos de aumento de la temporalidad en el empleo público sanitario.

El pleno del Congreso convalidó en enero el Real Decreto-ley para modificar la Ley General de Seguridad Social y el Estatuto de los Trabajadores, de cara a mejorar la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, una reforma que, desde febrero, se tramita como Proyecto de Ley. La norma es el fruto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT el pasado 31 de julio. Una de las novedades que conlleva es el hecho de que los contratos de relevo vinculados a las jubilaciones parciales han de ser indefinidos y a tiempo completo.

El 11 de diciembre de 2024, este periódico también adelantó que Función Pública estaba a punto de cerrar un acuerdo con CCOO y UGT para devolver la jubilación parcial con contrato de relevo a los trabajadores públicos -y, por extensión, al personal estatutario de la sanidad-, a la espera de fijar los parámetros que definirían la figura del relevista. El pacto acabó sellándose una semana más tarde, el 18 de diciembre. En lo que al contrato de relevo se refiere, se tradujeron los términos del acuerdo de la Mesa de Seguridad Social en julio para determinar que los relevistas habrán de ser funcionarios de carrera -o, en su defecto, estatutarios fijos-. Para materializarlo, será necesario modificar el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Solución a corto plazo contra la temporalidad en el SNS

El quid de la cuestión es que, hasta que esta última reforma se apruebe, la entrada en vigor en abril de la nueva la jubilación parcial ya afectará al personal laboral de la sanidad pública sin que sus relevistas tengan asegurado, por ley, que su contrato vaya a ser fijo. Dicho de otro modo: cabe la posibilidad de que esos trabajadores se vean abocados a firmar contratos temporales que se prolonguen en el tiempo más de la cuenta, que es precisamente lo que se quiere evitar con el paquete de reformas legislativas que hay en marcha.

Para remediarlo a corto plazo, lo que Función Pública ha prometido este lunes a CCOO y UGT es que sacará adelante una reforma normativa para implantar una tasa adicional en las OPE pendientes de resolverse de 2024 y, así, acelerar la fijeza de los potenciales relevistas que vendrán a cubrir la parte de la jornada que van a dejar ‘vacía’ los laborales que puedan pedir la jubilación parcial a partir del 1 de abril.

Se tratará de una suerte de bolsa ad hoc para evitar una nueva puerta abierta a que se dispare la temporalidad en el sector, según las fuentes del diálogo social consultadas. Lo que no se ha concretado desde el ministerio es si esa modificación se sellará a través de un Real Decreto o de otra vía distinta. En principio, la decisión se consultará con las comunidades autónomas este miércoles.

Pacto salarial de la sanidad pública

Al margen de ello, en la reunión de este lunes, el Gobierno y los sindicatos han acordado empezar a negociar un nuevo acuerdo plurianual sobre el incremento salarial del sector público. Esta era, de hecho, una de los principales reinvidicaciones formuladas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) al retomar las conversaciones con Función Pública. La entidad asegura haber iniciado los contactos con voluntad constructiva para alcanzar "el mejor acuerdo posible" con el que espera "la recuperación del poder adquisitivo cuanto antes". Así mismo, desde CSIF reclaman una concreción de "mejoras en un calendario de negociación", incluyendo la oferta de empleo sin tasa de reposición o la jornada de 35 horas. 

En la reunión, también se ha decidido convocar la comisión de seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI -que expiró en 2024- para culminar los asuntos pendientes, entre otros, la aplicación del 0,5 por ciento del último plus salarial con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 y sin tener que depender de una nueva ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según ha podido saber este medio, aún no se ha concretado una fecha para ello.