Un reducto autonómico frena el fin de la exclusividad del médico en 2024

Navarra rechaza por el momento eliminar o flexibilizar las condiciones para acogerse a la exclusividad médica en el sistema sanitario de la comunidad autónoma. La mayoría política que ha permitido a María Chivite seguir durante cuatro años más al frente del Gobierno Foral dice de manera unísona ‘no’ a retirar la exclusividad en Osasunbidea. Es decir, que tanto desde el Ejecutivo regional como desde EH Bildu confirman a Redacción Médica que el bloque de la investidura no está pensando en relajar dicha medida.

Por lo tanto, la Comunidad Foral es la única región del Estado que ‘sujeta’ la exclusividad médica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), pues Asturias, el otro territorio que apostaba por ella, ya anunció hace escasas semanas que cambiaría su política sanitaria. Concretamente, la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, informóque se sentará próximamente con los agentes sindicales para negociar una modificación de la exclusividad, con el fin de rebajar la ‘penalización’ económica que perciben los especialistas asturianos que compaginan su actividad pública con la privada.

Actualmente ese monto roza los 1.000 euros mensuales. Se trata de una cifra parecida a la que existe en el caso navarro, aunque desde Pamplona afirman que dicha cuantía no se modificará. En la Consejería de Sanidad del Gobierno de Chivite recalcan que “por el momento la vamos a mantener tal y como está, esa es la idea”, por lo que en los presupuestos autonómicos del año 2024 se estipulará la partida concreta que se derivará a la exclusividad médica.

“Entendemos que a día de hoy esta cuestión no está encima de la mesa”, comenta a este diario Patxi Larumbe, miembro de la federación navarra del sindicato Comisiones Obreras (CCOO). “En Navarra el personal médico tiene la opción de acogerse a la exclusividad, que es el 45 por ciento del sueldo base. Estamos hablando de unos 900 euros. Pero para ello hay que cumplir ciertos requisitos”, explica.

Desde el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) de Navarra señalan que el acuerdo de no retirar la exclusividad médica a los sanitarios de Osasunbidea se firmó el pasado 21 de marzo, en el mismo documento en el que se pactaban una serie de cuestiones para poner fin a la huelga médica convocada por el Sindicato Médico de Navarra. “En relación con la percepción del complemento de exclusividad, se mantiene la normativa vigente sin ninguna modificación para todos los profesionales afectados”, reza el documento.

“Navarra tiene competencia exclusiva en Función Pública, por lo que cuestiones de otras comunidades autónomas no se suelen replicar aquí. Somos una isla jurídica”, añade Larumbe, quien confirma que desde el sector sindical no se ha planteado eliminar la exclusividad médica porque “podría poner en riesgo parte de un sistema sanitario óptimo para el usuario”. “Hay muchas especialidades que no dan para consultas privadas, por lo que la medida podría ir en detrimento de la calidad asistencial”, comenta.

A las voces del Gobierno y sindicatos se suma Bildu

Además de la postura del Gobierno navarro y del sector sindical, la exclusividad médica recibe un apoyo más en la sociedad civil de la región, garantizando su conservación en el sistema sanitario navarro. Y es que EH Bildu, partido que se abstuvo en la investidura de Chivite y permitió a la líder de los socialistas navarros seguir al frente del Ejecutivo, también se muestra a favor de mantener esta medida en Osasunbidea.

“La postura de EH Bildu no ha cambiado. Consideramos que esta protección de la actividad sanitaria pública es tremendamente útil”, afirma a este diario Txomin González, portavoz de la coalición abertzale en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra. “No vamos a proponer ningún cambio en la prestación médica de Osasunbidea y nos opondremos a cualquier medida que intente eliminar el pago de la exclusividad al personal médico”, incide González.

La coalición abertzale considera que con eliminar la medida no se soluciona ninguno de los problemas que “sufre la sanidad pública” y que, por el contrario, su eliminación generaría “distorsiones” con otros colectivos.