Repesca "imposible" de sanitarios interinos en las nuevas OPE sin examen

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha autorizado una “tasa adicional” para que las comunidades autónomas (CCAA) puedan convocar nuevos procesos de selección para estabilizar plazas de profesionales sanitarios interinos, sin la necesidad de realizar un examen. Un proceso que las administraciones autonómicas ven "absolutamente inviable" y denuncian que el ministerio no ha contado con su opinión para llevarla a cabo. Este nuevo cupo dará una segunda oportunidad a los médicos, enfermeros o técnicos que no lograron la puntuación necesaria en la baremación de méritos en las convocatorias anteriores, cuando todavía se usaban los criterios previos a la aprobación de la Ley de 20/21 de reducción de la temporalidad. Sin embargo, las CCAA ya alertan de que será "imposible" llevar a cabo este proceso de repesca dado que no hay tiempo para localizar y convocar a todas las personas que estarían afectadas. 

El Gobierno ha establecido este “mandato” para todas las administraciones públicas con el objetivo de que permitan la estabilización de las plazas vacantes de naturaleza estructural que habían sido ocupadas de forma temporal por el personal antes de enero de 2016. Todos aquellos que cumplan este requisito podrán volver a presentarse, ya sea porque no obtuvieron la puntuación suficiente o porque en aquel momento no participaran en los anteriores llamamientos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han negado a Redacción Médica que se trate de una “repesca” como tal, ya que consideran que los cambios acordados en la normativa responden a los “problemas” que han detectado en la aplicación de la ley en las diferentes comunidades autónomas. “Había procesos iniciados antes de la entrada en vigor de esta legislación, que tenían reglas diferentes y en los que no se aplicaban los criterios establecidos para interinos de larga duración. Además, algunas administraciones autonómicas han aplicado la norma de manera residual.”, han argumentado desde el departamento que dirige María Jesús Montero.

El equipo gubernamental ha advertido que este trato diferenciado ha provocado que no se garantice el “derecho” de ciertas personas a participar en el proceso selectivo, a pesar de que sí que cumplían con los requisitos de la Ley 20/21. “La aprobación de esta medida para garantizar el acceso a los procesos está motivada por dar la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia a las personas afectadas que no pudieron optar a estabilizar su plaza por los motivos antes expuestos”, han apuntado.

Las CCAA desconocían la medida

Fuentes autonómicas tachan de "disparate" el hecho de que ahora el Ministerio de Hacienda y Función Pública haya aprobado un proceso extraordinario de estabilización de interinos sin contar con la opinión de las comunidades autónomas. Y es que, según confiesan dichas fuentes, las regiones conocieron la medida por el Boletín Oficial del Estado (BOE) una vez fue publicada. "Hay un consenso bastante generalizado entre las CCAA sobre la inviabilidad de la medida por los plazos", recalcan desde diferentes autonomías que son precisamente las encargadas de convocar estos procesos de estabilización. 


Tal es así que, la medida se ha publicado sin apenas darle publicidad. El Gobierno ha colado esta reforma en el Real Decreto aprobado la semana pasada para prorrogar las medidas excepcionales derivadas de la Guerra de Ucrania, pero en el que se han plasmado buena parte de los asuntos pendientes de la legislatura en materia sanitaria como el derecho al olvido para los pacientes de cáncer tras cinco años sin recaídas, los nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos enfermos o la dispensación colaborativa de medicamento hospitalarios en la farmacia comunitaria. 

Desde el Ministerio de Hacienda han recordado que esta reforma encaja dentro de los compromisos acordados con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación tras la crisis del Covid-19 y en los que se estableció que los procesos de estabilización del personal público deberían haber concluido en diciembre de 2023 para poder acelerar la reducción de la temporalidad en el empleo público.