Plazas clonadas o planificación para que el SNS "no prefiera ser interino"

El ‘ultimátum’ de la Comisión Europea a España por la alta temporalidad en la sanidad y el resto de la administración pública no ha alterado los biorritmos del Gobierno, que confía en demostrar al organismo comunitario la efectividad de sus medidas. El debate, en cualquier caso, está abierto, y genera diferencias incluso entre los socios del propio Ejecutivo central, que piden estrategias más “ambiciosas” para paliar la interinidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Hace escasas semanas, la Comisión Europea trasladó a España una nueva misiva, la segunda de esta naturaleza, en la que le transmitía sus dudas sobre la efectividad de las medidas llevadas a cabo para reducir la temporalidad en el sector público, incluido el SNS. El Gobierno se comprometió a reducir la tasa hasta el 8 por ciento para este mismo 2024, pero lo cierto es que hay comunidades más aventajadas que otras en los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/21, el llamado ‘Icetazo’. Según fuentes del bufete Zeres Abogados, aproximadamente 1,1 millones de trabajadores de la administración se encuentran aún en situación de interinidad, lo que sitúa el índice en el 30 por ciento. De ellos, entre 250.000 y 3000.000 estarían “en situación de abuso de temporalidad”, lo que incumple con la normativa comunitaria.

“Quizás se ha sido poco ambicioso”, sostiene Marta Carmona, portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica. En declaraciones a Redacción Médica, la mandataria progresista aboga por acompañar los planes actuales de otras medidas, como “duplicar” las plazas de los funcionarios que sean movilizados o ‘repensar’ los concursos. “No tiene sentido que haya un examen tras un concurso-oposición, hay que apostar por los concursos de méritos”, sostiene.

"Falta de planificación" en las plantillas del SNS

En palabras de Santiago Morón, portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, la situación actual deriva de una “falta de planificación” que, afirma, lleva incluso a algunas personas a preferir “mantenerse como interino” en zonas próximas a su residencia que concurrir a un proceso de estabilización y terminar en otra zona. “Podrían sufrir una penalización”, desliza a este periódico el conservador, quien asume que “las soluciones a esta problemática no se pueden dar a corto plazo”.

Las administraciones, en cualquier caso, ponen en valor lo conseguido hasta la fecha. Algunas, como es el caso de Euskadi, aseguran que se cumplirán los procesos de estabilización de su sanidad “en tiempo y forma”. Es decir, antes del 31 de enero. “Se han hecho muchos esfuerzos para reducir la temporalidad y está previsto que los trabajadores cojan su plaza a tiempo”, apunta Elena Lete, diputada del PNV y presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento vasco.

Sanción económica por la temporalidad

Por el momento, desde el Ministerio de Función Pública llaman a la calma tras la carta de la Comisión Europea y se limitan a decir que España tiene motivos para defender sus medidas ante el organismo que dirige Úrsula von der Leyen. De no ser así, España podría enfrentarse a una sanción económica que podría afectar a los fondos europeos, según avanzó a este periódico Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados.

“Ya se había producido una primera comunicación a España en la que se decía que se estaba incumpliendo la normativa comunitaria sobre el uso de temporalidad -explicó-. Tras ello se adoptaron una serie de medidas que según la Comisión Europea son insuficientes, y por lo tanto se ha enviado una segunda carta”.