Miquel Iceta, exministro de Política Territorial y Función Pública, firma el Plan de choque para reducir la temporalidad en administraciones públicas pactado con CCOO, UGT y CSIF en 2021.
Restan sólo algo más de dos meses para alcanzar la fecha límite que tienen las comunidades autónomas para concluir sus procesos de
estabilización de personal sanitario, de acuerdo a lo fijado en la
Ley 20/21 contra la temporalidad de la Administración pública. Sin embargo, los concursos están lejos de cerrarse definitivamente. La normativa obliga a que la “resolución” de los procesos selectivos llegue antes del 31 de diciembre de 2024. Pero eso es una cosa, y otra, el trámite de toma de posesión. Según los cálculos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (
CSIF), la
tasa de sanitarios que habrán tomado posesión de su plaza este año no superará el 60 por ciento, con lo que habrá que esperar hasta “bien entrado 2025” para ver culminados todas las fases de los expedientes. La ‘competencia’ entre
comunidades autónomas estaría detrás de esa circunstancia.
Ya lo vino a decir el consejero de Salud del Gobierno cántabro,
César Pascual, en el
XIII Encuentro Global de Altos Cargos de la Administración Sanitaria que organizó
Redacción Médica en Valladolid recientemente: “El mercado se mueve y los profesionales van eligiendo. Cuanta
más rapidez en sacar las OPEs, [mejor]. Nosotros lo estamos haciendo muy mal, vamos muy lentos. Vamos a cumplir al 31 de diciembre, pero vamos con el agua al cuello. Ha habido comunidades que las han ido solucionando antes y se han llevado profesionales de mi comunidad”.
He ahí el quid de la cuestión: “Como se han desarrollado procesos de estabilización en todas las comunidades autónomas, se está dando la circunstancia de que los candidatos se han presentado en distintas convocatorias de distintas comunidades”, explica a este medio
Jesús Jordán, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (
FSS-CCOO).
Dos OPEs sanitarias aprobadas, sólo una toma de posesión
Jordán pone el ejemplo de una persona que se presenta a una primera
OPE en una determinada región, posteriormente hace lo propio en otra de una comunidad distinta y, mientras espera la resolución de esta segunda, aprueba la primera. “El aspirante puede incluso elegir plaza y destino en el primer caso, iniciar su tiempo legalmente establecido para tomar posesión de esa plaza, pero, al final, no hacerlo si en la otra comunidad autónoma también obtiene la plaza y decide consolidarla en este segundo proceso”, expone.
Es entonces cuando se produce el retraso a la hora de cerrar el procedimiento más allá de la propia resolución tras el examen. “Las comunidades tienen que esperar a que finalicen los
plazos legales de toma de posesión, y si hay un candidato que no se incorpora, pierde el derecho a esa plaza y esta queda disponible para que, si la región decide ofertarla a los candidatos que se quedaron con expectativa de cogerla, lo hagan”, señala el responsable de Empleo de FSS-CCOO. Esa es la parte del trámite que puede prolongarse hasta 2025.
CCOO y UGT, a la espera de datos oficiales de estabilización
En cualquier caso, Jordán no se atreve a hablar de números, al contrario que CSIF: “Estamos a la espera de que nos reúna
Función Pública para que nos den datos más concretos sobre el estado de los procesos”, aclara. En
UGT también prefieren aguardar a que concluyan los plazos fijados para comprobar los "porcentajes reales de estabilización": "Desde UGT ser firmó el Plan de Estabilización y se ha abogado por agilizar los procesos. En este sentido, mantenemos una actitud vigilante para que se cumplan los plazos previstos en el acuerdo", se limitan a decir.
En marzo, el departamento ministerial de Función Pública indicó a este periódico que el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recogía el compromiso de
consolidar a finales de 2024 a 300.000 trabajadores, de los que en ese momento ya iban 225.000. Sin embargo, las mismas fuentes no llegaron a concretar cuántos de esos empleados eran del sector sanitario. Consultado de nuevo recientemente, el ministerio responde tirando balones fuera: “Los procesos de estabilización de los sanitarios dependen de las comunidades autónomas”.
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