El futuro pacto salarial del SNS mira al 7% por la revisión al alza del IPC

El Ministerio de Función Pública ha convocado a CCOO, UGT y CSIF este lunes para retomar la negociación del nuevo pacto salarial sanitario, a las puertas de abril, a pesar de que, en diciembre, el departamento dirigido por Óscar López se comprometió a convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas en enero. En estos tres meses, el escenario económico ha sufrido cambios que ya alteran los términos finales del futuro acuerdo, si es que llega a haberlo. En su último y reciente informe de proyecciones macroeconómicas, el Banco de España prevé para este año una inflación del 2,5 por ciento, un 0,4 por ciento más que lo estimado al término de 2024. Si el pacto salarial se cerrara, como el último, a tres años -entre 2025 y 2027-, la inflación acumulada sería del 6,6 por ciento, frente al 6,2 por ciento estimado por la institución gobernada por José Luis Escrivá en diciembre del año pasado. Si, en cambio, el pacto fueraf bianual, tal y como quieren algunos sindicatos, el incremental salarial sanitario tendría que ser, como mínimo, del 4,2 por ciento para contrarrestar la subida de precios en el bolsillo de los profesionales de la sanidad.

Redacción Médica ya advirtió en febrero de las consecuencias directas que la política arancelaria de Donald Trump iba a tener en la negociación del acuerdo salarial de la sanidad pública, en base al análisis de la Cámara de Comercio de España. En su informe del primer trimestre de 2025, el Banco de España alude precisamente al “posible impacto de las medidas de política comercial y fiscal anunciadas por la nueva Administración estadounidense” como uno de los factores que han provocado la revisión al alza de la inflación en los últimos meses. En cualquier caso, las causas principales son otras: “la notable resistencia a la baja que continúa mostrando la inflación de los servicios” y el “encarecimiento de la energía -especialmente el gas y el petróleo- que se produjo en el tramo final del año pasado y a comienzos de 2025”. Pese al mayor encarecimiento de los precios estimado para este año, las previsiones para 2026 y 2027 se mantienen inalterables respecto al análisis trimestral previo: un 1,7 por ciento y un 2,4 por ciento, respectivamente.

El Gobierno 'debe' aún un plus salarial al SNS

Al margen del nuevo pacto salarial, aún queda por aplicarse el último de los pluses del 0,5 por ciento contemplado en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Las condiciones económicas acordadas ya se cumplieron a primeros de este año, pero, para hacer efectivo el incremento con carácter retroactivo desde 2024, es necesario que se incluya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

La demora del Gobierno a la hora de cerrar los acuerdos necesarios para sacar adelante sus cuentas está retrasando, en principio, la aplicación de ese último 0,5 por ciento. En cualquier caso, el Ejecutivo tiene la opción de aprobarlo mediante un Real Decreto-ley, como ya se vio obligado a hacer el año pasado, en verano, tras la decisión de prorrogar los presupuestos de 2023, que son los que todavía están vigentes. Es una opción, la de tener que tirar de un Real Decreto-ley, que va cobrando fuerza en la misma medida que pensar en una segunda prórroga presupuestaria se antoja cada vez menos descabellado.

Nuevas protestas sindicales por el sueldo sanitario

La aplicación del 0,5 por ciento restante de la subida salarial pactada en 2022 es una las reivindicaciones -además de la convocatoria de la Mesa para negociar el nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos- que CSIF reiteró este miércoles en la concentración celebrada frente al Ministerio de Hacienda, no frente al de Transformación Digital y Función Pública, que es el que tiene las competencias en esta materia. CCOO hará lo propio el próximo 8 de abril.

Las fuentes sindicales consultadas justifican la elección del escenario para manifestarse explicando que fue la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien firmó junto a CCOO y UGT en 2022 el Acuerdo Marco que expiró en 2024. Lo hizo porque, en aquel entonces, el área de Función Pública estaba integrada en Hacienda. Por otro lado, añaden los sindicatos, es el departamento de Hacienda el que tiene que dar el visto bueno final a cualquier decisión financiera del Gobierno.