Tribunal Constitucional.
La tramitación de la
ley de temporalidad avanza a ritmo intermitente a la espera de que el Congreso debata las enmiendas de parcialidad presentadas por los partidos, que, tal y como informó
Redacción Médica, abordan desde la ampliación de fichajes de interinos en sanidad hasta la simplificación de los exámenes. A priori ninguna de las reformas propuestas hasta ahora por los partidos rebasa los límites legales, según las fuentes sindicales consultadas por este periódico, que recalcan el ‘perfil’ de trabajador temporal que sí podría
incurrir en la inconstitucionalidad.
En este sentido, las mismas fuentes destacan que ninguna de las reformas que promueva la estrategia del Gobierno para reducir la temporalidad en la administración, conocida como '
ley Iceta', puede conllevar que la condición de interinidad se alargue en el tiempo. Recuerdan, asimismo, que la Justicia ya se posicionó recientemente a este respecto, cuando el
Tribunal Supremo modificó su criterio y estableció que los contratos de trabajo pasarían a ser indefinidos a partir de los tres años.
Entienden los sindicatos que avanzar por cualquier otro camino no solo sería
“discriminatoria” para los propios temporales, sino que quedaría fuera de lo que dicta la legalidad. De hecho, el pasado verano ya se mostraron reacios a la intención del Ejecutivo central de adjudicar la plaza fija a aquellos con más de diez años de antigüedad en el puesto sin necesidad de pasar por la oposición.
Otra fuerza sindical incide en la necesidad de que no se incluyan en las enmiendas propuestas que rompan “los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, o aquellas que puedan “producir inseguridad jurídica” si bien matizan que todavía se desconoce en qué forma se modificará el real decreto ley. “Seguiremos atentos”, sentencian.
Cautela entre los sindicatos ante la negociación de temporalidad
Entre los principales sindicatos prima la cautela de cara a la negociación de la reforma, y
abogan por que las inferencias en el proceso sean mínimas. No obstante, insisten en la necesidad de que el texto que salga finalmente del Congreso vaya “en consonancia con el marco legislativo, la directiva europea y la
reiterada jurisprudencia sobre el acceso al empleo público”.
“El objetivo es limitar de manera efectiva la contratación temporal y establecer
medidas disuasorias para sancionar una práctica que han realizado gobiernos de uno y otro signo político en España”, subrayan.
Más de 180 enmiendas a la ley de temporalidad
Tras tumbar la enmienda a la totalidad de la CUP, la Cámara Baja abordará ahora las
más de 180 propuestas del resto de grupos a excepción de Vox, que presentó un
recurso de inconstitucionalidad contra el plan. Tal y como informó este periódico, entre las enmiendas parciales de los partidos se encentra una de
Unidas Podemos enfocada a
ampliar de 33 a 20 días la indemnización de sanitarios temporales que no superen los procesos de selección. Su socio en el Gobierno, el
PSOE, opta por crear OPEs “excepcionales” para los interinos con más de diez años en el puesto de forma interrumpida y cuya plaza no haya sido incluida en concursos anteriores.
Las demandas del
PNV pasan por ampliar los contratos de personal en sanidad nombrando a interinos no solo para las vacantes por vacunación sino
también para las dotadas presupuestariamente, mientras que
Junts per Catalunya opta por ‘ahorrar’ un examen a los aspirantes bajo ciertas condiciones y garantizar la continuidad como temporales de quienes no superen los procesos selectivos.
Por su parte,
Ciudadanos defiende que el personal eventual cuenten con los
mismos derechos que los funcionares de carrera aunque no adquieran tal condición, además de llevar a cabo un concurso de méritos restringido para los que lleven más de diez años en situación de temporalidad.
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