Gabriel del Pozo y Antonio Martín.
"Los centros de salud deberían poder conocer
si un paciente que pide una cita ha realizado una agresión". Así de claro se ha mostrado Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), ante el problema que sufren a diario médicos y enfermeras. Martín ha aseverado que incluir este tipo de información en el historial clínico de los pacientes podría ser beneficioso y permitiría "
tomar medidas de prevención".
Andalucía ha sido la última comunidad autónoma en anunciar que denunciará penalmente cualquier agresión
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No es solo una idea de un sindicato regional, esta lacra también preocupa a nivel nacional. Tal y como explicó Gabriel del Pozo, vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a
Redacción Médica hace escasos días,
este verano ha sido especialmente conflictivo y parte del problema reside en "la
falta de planificación de la Administración" y, desde CESM están pensando qué otros métodos pueden aplicar para luchar contra ello, como puede ser la posibilidad de incluir información sobre las agresiones en su información sanitaria personal.
En este sentido, el vicesecretario general de CESM ha señalado que "por supuesto que la culpa es del agresor, pero la
Administración también tiene parte de responsabilidad, dado que hay una gran falta de planificación que ha generado un caldo de cultivo que no debería darse".
Impacto de las agresiones
Es cierto que en los últimos años se han tomado algunas medidas para paliar el
impacto de las agresiones como la equiparación del médico como autoridad pública. Sin embargo, "son insuficientes y es necesario endurecer el Código Penal", ha aseverado Antonio Martín.
A raíz de una de las últimas agresiones que tuvo lugar hace unos días en el pueblo de
El Garrobo, en el que
una médica fue retenida durante horas en su puesto de trabajo por un grupo de vecinos, Martín ha destacado que es necesario "un
cambio legislativo que castigue a los agresores y, en especial, a aquellos que reinciden, porque las leyes actuales no son las adecuadas para afrontar este grave problema que cada vez va a más".
"El personal sanitario tiene derecho a saber si un paciente ha cometido una agresión y si es
reincidente", ha explicado Martín al mismo tiempo que ha añadido que "
las leyes deben incidir en los agresores reincidentes, deben cumplir penas más duras y podrían ser aplicadas directamente desde la Administración", ha sentenciado.
Denucia penal
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que denunciarán penalmente cualquier agresión. La última en hacerlo ha sido Andalucía, que lo ha hecho mediante una
campaña informativa lanzada en los centros sanitarios.
Esta campaña de concienciación a pacientes y usuarios forma parte de las acciones emprendidas por la Consejería de Salud y Familias dentro del nuevo
Plan de Agresiones en el que ha trabajado. Este programa también establece medidas para acompañar al personal que haya sido víctima de este tipo de actos.
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