Las sujeciones mecánicas y farmacológicas exigen una normativa que garantice la seguridad jurídica

Ricardo Martínez Platel. Madrid
El uso de sujeciones por motivos médicos puede suponer que derechos fundamentales de la persona, como la libertad, o de algunos valores básicos como la dignidad, la autonomía o la autoestima se vean afectados. Ante la ausencia de normativa estatal que regule esta situación, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha elaborado un documento de consenso que pretende ser referencia a la hora de abordar estas situaciones.

César Antón, director general del Imserso; y José Antonio López Trigo, presidente de la SEGG.

César Antón, director general del Imserso, ha sido el encargado de inaugurar una jornada en la que ha destacado la “valentía y el valor de la SEGG para tratar un tema tan complicado”. Es hablar de “valores y cuidados que se convierten en instrumentos que permiten ofrecer explicaciones también a los familiares”, ha señalado Antón.

Por su parte, Herminio Maillo, magistrado juez de Primera Instancia de Málaga, ha reconocido que es una materia que precisa “una ley concreta”. En este momento existen normativas por aproximación a través de convenios internacionales o textos nacionales, que no hacen referencia específica a las sujeciones. Solo el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula los internamientos involuntarios, por lo que, como ha explicado Maillo, “regula una forma de contención”.

Sin embargo, la falta de una norma legislativa de carácter estatal genera “resoluciones judiciales contradictorias por la dispersión de criterios”. Este contexto ha favorecido la proliferación de protocolos de autorregulación, que están acompañados de una “enorme disparidad”, como ha matizado el juez, que también ha incidido en que las comunidades autónomas empiezan a mostrar interés por el asunto.

En la misma línea, José María Paz, fiscal para la Defensa y Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ha otorgado validez al documento de la SEGG, “ante un problema que ya se plantea con asiduidad”. Paz ha subrayado que “las restricciones de los derecho fundamentales hay que analizarlas con lupa” y ha destacado que en algunos casos en los que se ha producido algún accidente ha habido condenas a los facultativos que han prescrito la sujeción del paciente. Por este motivo, el fiscal ha recordado que solo deben utilizarse “para evitar lesiones mayores, porque de lo contrario se está violando la libertad de la persona”.