Las leyes no modifican el número de abortos que se practican

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El anteproyecto de la ley del aborto que ha presentado el ministro Gallardón no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de un asunto que contiene aspectos morales, éticos y religiosos en el que chocan dos derechos fundamentales, los de la madre para decidir y los de los no nacidos. Varios de los expertos que han participado en el debate de Redacción Médica han señalado que el número de abortos no tiene que ver con las leyes, sino con la educación sexual, la utilización de métodos anticonceptivos y con las ayudas para la maternidad.

Javier Martínez Salmeán, ginecólogo;  José María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial; Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados; y César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid.

Valoración del anteproyecto

Javier Martínez Salmeán, ginecólogo: Tengo la sensación de que no era una ley necesaria.  En el contexto español,  la normativa anterior es reciente y está engarzada en las leyes de Europa, con plazo y después con indicaciones por encima de las 12 o 14 semanas. Por eso, no parece que con tan poco tiempo se plantee una modificación. El ministro Gallardón ha señalado que la mayoría de las leyes son de indicaciones en Europa, pero no es así.

En Europa, más allá de la inglesa que es un poco especial, a excepción de Polonia e Irlanda  son todas de plazos. Por eso no viene a cuento plantear un asunto tan conflictivo. Además, con el tema de las malformaciones se ha metido en un terreno complicado. Modificar cosas que están funcionando y están bien reguladas no tiene sentido. No es aborto sí o aborto no,  sino aborto regulado o aborto clandestino.

Respecto a la limitación de una indicación psiquiátrica para abordar el tema de los malformados es difícil. Además, la ley tiene un nombre que choca.  El concebido es un término estrictamente religioso. Cuando el embrión se implanta en el útero es cuando comienza el embarazo y se considera aborto por la Organización Mundial de la Salud cuando se interrumpe desde que está implantado hasta la viabilidad fetal. España, aunque sea un país con una mayoría católica, es aconfesional. Concebido es un término religioso y no es científico.

Martínez Salmeán, Lailla y Rodríguez Sendín valoran el anteproyecto. Nombela y De Lorenzo ofrecen su opinión sobre la modificación anunciada por Gallardón.

José María Lailla, presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO): Se trata de una ley esperada porque formaba parte del programa electoral del Partido Popular. Pero aun siendo esperado, da la sensación de que es un anteproyecto muy precipitado, con temas a discutir. Se puede abordar desde un punto de vista legal, deontológico, ético y científico, pero parece que solo se ha tratado desde una visión legal y moral.

Desde la SEGO escribimos al ministro explicándole que lamentábamos no haber sido consultados. Porque ni nos han advertido, ni nos han pedido opinión para asesorar. Algunos aspectos de la norma deberían ser tratados más en profundidad. Además, falta un apartado que sí recogía la ley anterior, que es el que se refiere a la mejora de la calidad de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Antes de diagnosticar y tratar debemos prevenir. Hay que apostar por la formación.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC): Lo primero que quiero manifestar es que la OMC todavía no ha adoptado una postura definitiva hasta la celebración de la próxima asamblea. En consecuencia, mi opinión es exclusivamente personal. De la misma manera, de forma individual, estoy absolutamente en contra del aborto porque me produce un especial rechazo, pero aclarado este punto, tengo que señalar que el anteproyecto tiene bastantes inconsistencias.

Desde el punto de vista moral es difícil justificar dos supuestos y no el tercero. Si se justifica que en el caso de malformaciones no se pueda realizar un aborto en ninguno de los supuestos y sí por indicación de dos psiquiatras y de un ginecólogo en el caso de la violación. La siguiente inconsistencia a la que me quiero referir es respecto a la moral. La moral es personal, que no tiene que ser la misma que la del resto de ciudadanos. La moral es de cada uno y la libertad es de todos. La realidad es que hay 100.000 mujeres que realizan un aborto al año, independientemente de la moral de cada cual. Veo difícil que los psiquiatras puedan aventurar la salud psíquica de una persona que no desea tener un hijo por la razón que sea, lo que genera inseguridad.

La salud de la mujer puede variar según su ideología, de sus creencias o compasión, e incluso en algunas circunstancias de dinero, hecho que me genera un profundad intranquilidad. La inseguridad también se traslada a los profesionales, porque va a ser difícil que la profesión acepte que van a ser ellos los que determinen lo que le tiene que ocurrir o no a una mujer. Porque cuando estábamos con supuestos, más del 90 por ciento era por estas circunstancias. Además, cualquier ciudadano español puede tener todas las prestaciones sanitarias que se ofrecen en Europa, en cualquiera de sus sistemas. Es decir, cualquier española que desee abortar puede irse a un hospital europeo y si tiene dinero lo va a poner, y si no se quedaría en España. Esto provoca un gran problema sanitario y de fractura en las posibilidades de algo tan importante en función de que se tenga dinero o no.

César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid: Sobre la oportunidad de esta ley, la modificación de la norma que ahora se plantea responde a una promesa  en un programa electoral que ganó las elecciones.  Con la anterior pasaba exactamente lo contrario, no había ninguna indicación en el programa con el accedió al Gobierno. Planteó una ley sin el conocimiento y consentimiento paterno, que formaban un conjunto de cuestiones extraordinariamente radicales en un asunto que tiene tratamientos y dificultades en todo el mundo. La situación de quienes admiten que es un hecho normal, no es ni mucho menos pacífica.

La opinión pública en Estados Unidos está mayoritariamente a favor de la vida del no nacido, más que a favor de la libertad de elección de la madre. La ley anterior establecía una ponderación de derechos que daba prioridad a los derechos de la mujer, incluso a costa de acabar con la vida de su hijo concebido y desarrollado hasta la semana 14. Estamos en una fase de modificación y perfeccionamiento del anteproyecto. El término concebido no creo que sea en absoluto religioso. Estamos en 118.000 abortos, que es una cifra pavorosa. Estamos en el mismo número de abortos que Alemania con la mitad de la población. Hay que hacer el esfuerzo de encontrarnos en propuestas que no son solo buenas, sino mejores. Destruir un embarazo no puede calificarse de algo positivo y de algo con lo que pueda vivir tranquila la sociedad.

Ricardo De Lorenzo, socio-director de De Lorenzo Abogados: Desde una valoración técnica-jurídica estamos ante un anteproyecto que es una vuelta a 1985, modelo de supuestos, avalado por las sucesivas sentencias de ese mismo año, de 1996 y 1997. A priori es un proyecto constitucional, fortalecido por convenios internacionales. En octubre de 2011 las Naciones Unidas formularon un requerimiento a España, estableciendo específicamente que se suprimiera la distinción hecha en la ley de 2010 en cuanto al plazo que la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivo de discapacidad. Esta es la razón por la que el anteproyecto en estos momentos ha obviado ese tercer supuesto, que pienso que se retomará en el debate parlamentario.

Este anteproyecto parte de una valoración desde un punto de vista jurídico positiva. Es decir, no hay duda sobre su constitucionalidad, algo que en la ley vigente sí que se cuestiona. Desde 2010 está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional, a lo que hay que añadir el informe del Consejo Fiscal. Por lo que estamos ante una ley que posiblemente se podría declarar inconstitucional. Este es un debate eterno. A mí sí me parece correcto el título del anteproyecto en tanto que intenta equilibrar dos derechos fundamentales, por un lado los de la madre y por otro los del nasciturus.

Promesa electoral

Juan José Rodríguez Sendín: El hecho de que sea una promesa electoral es un argumento en el que no entro. La anterior ley no era perfecta y tenía críticas, ambas coinciden en que nadie se preocupa de garantizar que la mujer tenga que abortar por falta de posibilidades económicas.  Promesa electoral sí, pero no se había especificado el cómo. Desde el punto de vista moral es un tema difícil de resolver, porque vivimos en una sociedad plural. Es difícil convivir cuando existe dos posiciones que chocan y que no buscan un punto de encuentro y nos empeñamos en dictar la moral del otro. Hay que buscar alternativas a la imposición. La denominación de la ley no me preocupa, porque lo relevante es que hay 118.000 mujeres que abortan.

Javier Martínez Salmeán: Excepto ésta, el Gobierno ha incumplido todas las promesas electorales. Además, tampoco se sabía cómo sería el cambio de la ley, que ha sido muy por encima de lo esperado. Aquí hay 100.000 abortos y 500.000 nacimientos. En Francia hay 200.000 con una población superior en un 50 por ciento. Holanda es uno de los países con menos abortos y tiene una ley de plazos hasta la semana 24. El número de abortos no tiene que ver con las leyes, sino con la educación sexual, la utilización de métodos anticonceptivos y de que se ponga dinero encima de la mesa para las madres.

En Alemania hay menos abortos, porque tienen más acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual y apoyan a las madres durante los dos primeros años y al final tienen hijos porque se lo pueden permitir. Probablemente con esta ley habrá menos abortos, pero es un problema de salud pública que tiene implicaciones éticas, médicas y a todos los niveles. Por eso no se va a resolver porque se prohíba, pero añadirá más sufrimiento y más dolor. Con una ley más restrictiva la gente irá a Portugal u otro sitio. En Europa no hay aborto clandestino, excepto en los países del este. Italia, por ejemplo, tiene menos abortos, porque existe el aborto clandestino en el sur. Las leyes no modifican el número de abortos. Se van a producir de la misma manera, porque cuando una mujer no quiere tener un embarazo y no lo puede mantener, los legisladores no se lo van a impedir. Si no lo interrumpe de una manera regulada, lo hará de forma clandestina.

José María Lailla: Obviamente todos estamos en contra del aborto. Es un drama social. Nadie recurre a esta práctica por placer. Por eso me molesta la tibieza con la que se abordan estos temas. El anteproyecto se podría haber trabajado más y eso hubiera evitado el enfrentamiento que se ha creado con un asunto que es muy importante. Un buen Gobierno es el que sabe escuchar y sabe dialogar. Porque el diálogo es compartir y esto cohesiona a la sociedad.

César Nombela: Para mucha gente el aborto se ha convertido en un método anticonceptivo. Creo que en España hay oportunidades en escuelas y colegios para tener una educación sexual adecuada. No es lo de otras épocas. Cuando se facilita el aborto ocurre lo que ocurre. Coincidimos al cien por cien a la hora de apoyar la maternidad y a la familia. Aunque parece un tema tabú, el papel del hombre hay que mencionarlo, porque también tiene algo que decir. No se puede ignorar los derechos de un tercero, que es el no nacido, que aparecen recogidos en la Constitución.

Rodríguez Sendín y Nombela analizan la ley del aborto.

Juan José Rodríguez Sendín: ¿A una mujer que está embarazada con o sin malformación le sirve de argumento el hecho que esta medida forme parte de un programa electoral? Creo que no. Es un problema médico. Es un tema que ha existido siempre y que se ha tratado de una forma horrible, que ha sido arriesgando a la mujer a que pueda morir. Acepto lo del derecho del tercero, pero ¿en qué se diferencian los derechos de los terceros con malformación de los de una violación? El debate es si el derecho lo concede un informe de dos psiquiatras o lo concede un supuesto de violación.

César Nombela: Esta ley mejora los derechos del tercero, creo que incluso en el caso de una violación también tendría derecho a existir.

Juan José Rodríguez Sendín: ¿Es más justo que el 94 por ciento lo decida un psiquiatra antes que la propia afectada?¿Ayuda a la convivencia?

César Nombela: Hay aspectos que también son mejorables del anteproyecto.

Ricardo De Lorenzo: Es muy difícil equilibrar los derechos de la madre con los del no nacido. Todo tendrá que estar dentro de un marco constitucional. La controversia entre una parte que defiende el bien protegido y otro colectivo que lo evalúa como un valor especial sobre el que debe prevalecer la libertad personal de la madre. Todo es valorable, pero dentro de ese marco constitucional. Es difícil, pero existen unas pautas establecidas como son las sentencias del Constitucional en este sentido. No es un problema de psiquiatras, sino de dos bienes constitucionalmente protegidos.

Javier Fernández Salmeán: Lo que se plantea en Europa es un conflicto de derechos y se reconoce la prevalencia de los de la mujer en un plazo. La mayoría han dado el visto bueno para que sean las mujeres las que decidan en ese plazo. Porque si es así, se evitan muchos conflictos, como una ley de supuestos, que al final termina haciendo abortos en Holanda.

Ricardo De Lorenzo: Tenemos que respetar los planteamientos legales. La ley de supuestos de 1985 estuvo avalada. La vigente está ahí, pero tiene muchos tintes de inconstitucionalidad desde el primer momento.

Conclusiones del debate.

Conclusiones

Javier Martínez Salmeán: La aplicación de la ley de 1985 fue torticera porque se estaban haciendo interrupciones de embarazo por graves riesgos psíquicos en el 94 por ciento de los casos, que eran el mismo porcentaje de los casos de plazo en otros países de Europa. Resultaba sorprendente que aquí tuviéramos un problema psiquiátrico en los embarazos no deseados y en el resto no. Medicalizar determinados actos no tiene sentido. Es un error introducir una ley de supuestos tan restrictiva como la que refleja el anteproyecto.

José María Lailla: Estamos  en el esbozo de un anteproyecto porque hay muchas cosas a discutir. En esta ley me falta la parte de la prevención de lo que es un problema muy serio y que no lo debemos banalizar. Hay que consensuar el modelo que vamos a tener. Es un problema médico, pero sobre todo personal y social.

Juan José Rodríguez Sendín: Debemos garantizar el deseo de ser madre. Para eso hay que prevenir, porque en este aspecto hay un gran vacío. La defensa de la vida está por encima de todo,  pero cuando el derecho del tercero colisiona con el derecho de la madre no hay que valorar cuál es el que prevalece, sino quién decide.

César Nombela: Los derechos humanos conciernen a toda la vida humana y limitarlos al momento del nacimiento conduciría ampliar el derecho al infanticidio, como consecuencia de no haber hecho una buena detección prenatal. Algunos no dan el valor a la vida humana antes del nacimiento. Eso es lo bueno de este proyecto, que coincide con la Constitución y con el Tribunal Constitucional. Además, responde a una mejora de esta cuestión. Deberíamos encontrarnos todos en un perfeccionamiento de la ley. No puede prevalecer un derecho sobre otro cuando consiste en la terminación de la vida.

Ricardo De Lorenzo: El anteproyecto va a tener un largo recorrido hasta el Congreso y el Senado. El marco constitucional nos va a permitir evolucionar hacia posturas más próximas entre el equilibrio que se pretende entre los derechos de la mujer y del no nacido. Es necesario ese diálogo y espero que se produzca.

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