Redacción. Sevilla
Las comunidades autónomas no podrán retirar medicamentos de las farmacias. Así se extrae de una sentencia del Tribunal Supremo, que ha desestimado el recurso de casación presentado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y declara nula la resolución del Gobierno regional que impide la dispensación de ciertos medicamentos de Diagnóstico Hospitalario en las farmacias.
José Manuel Aranda, gerente del SAS.
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La sentencia tiene su origen en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa), contra la resolución SDC 0403/10 de 22 de diciembre de la Gerencia del SAS que acordaba que determinados medicamentos para tratamientos extra-hospitalarios fuesen dispensados de forma exclusiva por los servicios de farmacia de los hospitales andaluces, excluyéndolos de las oficinas de farmacia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, estimó en su totalidad el recurso de Ceofa y declaró la nulidad de la resolución, recurriendo el SAS ante el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal, al anular la resolución del SAS, reitera que la competencia sobre legislación de productos farmacéuticos es exclusiva del Estado -ya sea a través del Ministerio o de la Agencia Española del Medicamento- y que a la Junta de Andalucía le corresponde sólo “ejecutar” la legislación estatal, y por tanto, no puede “decidir” por su cuenta, ni limitar o impedir la dispensación de los medicamentos.
El presidente de Ceofa, José Luis Márquez resalta que tan importante es “la contundencia de la sentencia cuando señala la falta de competencia del SAS y de la propia Consejería de Salud para legislar en materia de productos farmacéuticos”, como la firmeza del dictamen cuando apunta “la competencia exclusiva del Estado, en materia de dispensación de los productos farmacéuticos”.
Esta sentencia pone de manifiesto que los ámbitos de la prescripción y la dispensación de los medicamentos, no pueden dejarse en manos de las comunidades autónomas, señalando que la reforma de la ley así lo justificó, para dar mayor cohesión al Sistema Nacional de Salud y para evitar “discriminaciones que se pueden dar en función del lugar de residencia de los pacientes.
Además Ceofa ha anunciado que estudiará las pérdidas patrimoniales causadas por la resolución del SAS, desde diciembre de 2010.
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