Redacción. Madrid
La proposición de ley con la que el PP quiere modificar puntualmente la vigente legislación del aborto para obligar a las menores de 16 y 17 años a contar con consentimiento paterno para interrumpir su embarazo se votará finalmente en el Pleno del Congreso el próximo 14 de abril y desde el Grupo Popular insisten en que no prevén fugas de voto en su filas.
Rafael Hernando.
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Aunque la intención inicial del grupo mayoritario era incluir este primer debate en la sesión plenaria de la próxima semana la falta de cupo ha obligado a los 'populares' a posponer esa votación hasta el Pleno siguiente, previsto para la tercera semana de abril, ya en plena precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo.
Así lo ha explicado en declaraciones en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, quien al ser preguntado por la posibilidad de que algunos parlamentarios contrarios al aborto se desmarquen y no ha apoyen la reforma, ha subrayado que ninguno de sus compañeros le ha anticipado que esté barajando esa opción.
"A mí no me han manifestado que no vayan a votar, de momento. Estoy esperando que me lo manifiesten, ya les diré", ha indicado, antes de apuntar que "la gente dice muchas cosas en público que luego no coinciden con la realidad".
A su juicio, "según pasa el tiempo" y se "hacen análisis" las cosas se pueden "ver de manera distinta". "No preocupen, que estoy seguro que tendremos suficiente unanimidad", ha zanjado.
¿Libertad de voto?
Interrogado sobre si el PP se plantea la posibilidad de dar libertad de voto en este asunto, Hernando ha reiterado que los 'populares' siempre tienen "libertad de voto", pero también "obligación de voto y obligación de cumplir con un programa electoral".
Entre diputados y senadores hay casi una docena de parlamentarios que no comparten la reforma puntual auspiciada por el PP porque consideran que, al cambiar sólo el punto relativo a las menores, se sigue respetando el resto de la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, por tanto, la posibilidad de abortar en las 14 primeras semanas de gestación.
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