La agresión al sanitario irá siempre por la vía penal

María Márquez. Madrid
La crisis ha elevado el número de agresiones a profesionales sanitarios y el ministerio de Sanidad, a petición del Senado, ha considerado la necesidad de fijar y homogeneizar actuaciones que den respuesta a esta realidad en todo el país. El resultado será una norma cuyo primer documento estará en las manos de los consejeros en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a celebrar a finales de marzo.

La ministra de Sanidad, Ana Mato.

Para elaborar este texto, se crearon en su momento tres grupos de trabajo, uno de ellos adelantado por Redacción Médica, el destinado a analizar el aspecto legal. De él formaban parte la Organización Médica Colegial, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y la Guardia Civil, además del Ministerio y las comunidades autónomas. Al parecer, el punto de inflexión de la futura norma estatal pasará por considerar al profesional sanitario como “autoridad”, de forma que la consecuencia penal de la agresión sea el atentado, algo que ya sucede en más de una comunidad autónoma.

El Observatorio del SNS distancia a los sindicatos

Por otro lado, este jueves el Paseo del Prado ha albergado una nueva reunión del Ámbito de Negociación. Con los criterios de homologación de baremos todavía pendientes de alegaciones sindicales y con la duda del rango legal que pueda adquirir el documento final, organizaciones sindicales (CESM y Satse como FSES; CCOO; UGT; y CSI•F) y Ministerio (representado por el director general de Ordenación Profesional, Javier Castrodeza) han fijado un calendario de temas. Y ahí ha nacido el distanciamiento sindical. Mientras que CCOO, CSI•F y FSES abogan porque el Observatorio del Sistema Nacional de Salud analice cuestiones laborales (condiciones, modelo de gestión…) como paso previo a la negociación en este Ámbito, UGT no cree que sea la mejor manera de trabajar. Para los tres sindicatos citados se trataría de ahorrar tiempo y permitir que se trabajen más temas en paralelo, mientras que para UGT la precariedad del empleo y los problemas de la asistencia sanitaria deben ser examinados sin intermediarios.

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